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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - El sargento Alejandro Muñoz y el cabo primero Luis Alberto Medrano quedaron imputados por la sustracción de un gato hidráulico de la gomería Cattaleya, de General Pico, y deberán cumplir restricciones de contacto y acercamiento al denunciante. La causa contempla dos figuras penales y también será analizada en el ámbito administrativo.
La investigación avanzó este lunes con una audiencia de formalización realizada en el Palacio de Tribunales, ante el juez de control Alejandro Gilardenghi. Intervinieron el fiscal Matías Juan y la defensora oficial Soledad Forte. Los dos uniformados habían prestado declaración indagatoria antes de la audiencia, en la que expusieron sus respectivas versiones de lo ocurrido.
La Fiscalía mantuvo la acusación por "hurto simple agravado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad", en calidad de coautores, mientras que la Defensa planteó subsidiariamente la figura de "apropiación indebida de cosa perdida".
Durante la audiencia, Juan también hizo referencia a un episodio posterior a la denuncia presentada por el propietario de la gomería, Luis Alberto Miranda. Según expuso, los dos policías se presentaron en el domicilio del comerciante vestidos con sus uniformes y a bordo de un patrullero para pedirle disculpas por lo sucedido.
Miranda interpretó esa visita como una forma de presión. Ante esa situación, el fiscal solicitó medidas restrictivas para impedir cualquier posible interferencia con el denunciante mientras se desarrolla la investigación.
La versión de los policías
La defensora Forte planteó una interpretación diferente de los hechos y procuró que la conducta quedara encuadrada en la figura prevista en el artículo 175, inciso 2, del Código Penal, que sanciona la apropiación de una cosa ajena recibida por error o caso fortuito.
De acuerdo con la explicación de la abogada, los uniformados encontraron el gato hidráulico sobre la vereda, frente a la gomería, y entendieron que alguien lo había olvidado. "El error fue interpretar que el crique que estaba en la vereda había sido olvidado, ahora, sabemos que había sido dejado allí a propósito", sostuvo durante la audiencia.
La defensa indicó que los policías pretendían resguardar el elemento y que, mientras se dirigían al Comando para entregarlo, pasaron por la casa de un hermano de Muñoz. El sargento había quedado en alcanzarle cigarrillos y, mientras permanecían allí, recibieron un llamado por una emergencia en barrio Ranqueles.
Según esa versión, ante la necesidad de trasladarse rápidamente al lugar del requerimiento, resolvieron dejar el gato hidráulico en esa vivienda para evitar que se desplazara en la caja de la camioneta policial.
La explicación incluyó una sucesión de omisiones que, para la defensora, podrían constituir faltas administrativas antes que un delito de hurto. Entre ellas mencionó que no se informó al Comando sobre el hallazgo, no se regresó a buscar el elemento, no se lo depositó en la dependencia policial y tampoco se asentó lo ocurrido en el parte diario.
Forte atribuyó esos olvidos principalmente a Muñoz, por su mayor jerarquía dentro de la fuerza. La postura de la defensa buscó diferenciar el episodio de una sustracción intencional y encuadrarlo en una conducta de menor gravedad penal.
Restricciones y separación de las defensas
Al resolver, Gilardenghi hizo lugar al pedido de la Fiscalía y prohibió a ambos imputados acercarse al denunciante y a su vivienda, además de mantener cualquier tipo de contacto o comunicación con él mientras avance el proceso judicial.
El magistrado también confirmó la separación de las defensas, a partir de las diferencias de jerarquía entre los acusados y de las posibles responsabilidades individuales. Forte continuará representando a Medrano, mientras que el abogado Walter Vaccaro asumirá la defensa de Muñoz.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal remitirá las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, que deberá evaluar si corresponde establecer responsabilidades disciplinarias por el accionar de los uniformados y el eventual incumplimiento de los protocolos policiales.
La formalización comprende las dos figuras penales expuestas durante la audiencia. La acusación principal contempla una eventual pena de prisión en suspenso, susceptible de ejecución condicional porque el máximo previsto no alcanza a los tres años, mientras que la figura subsidiaria prevé una multa.
La investigación deberá establecer ahora las responsabilidades penales de Muñoz y Medrano, mientras que, en paralelo, se analizará si su actuación amerita sanciones en el ámbito administrativo de la fuerza policial.
