Ziliotto envió la Ley de Tierras Rurales: frena la extranjerización y protege recursos estratégicos
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EL DIARIO digital
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Una presunta estafa de enorme magnitud en el sector agropecuario quedó bajo órbita judicial tras la denuncia radicada por una empresa de la localidad de Rancul, que cifró el perjuicio económico en unos 600 millones de pesos. La maniobra delictiva investigada consistió en la adquisición de aproximadamente 590 cabezas de ganado abonadas mediante cheques que terminaron siendo rechazados por falta de fondos.
La causa se encuentra a cargo del fiscal Matías Juan, quien brindó detalles de las actuaciones iniciadas a raíz de operaciones comerciales concretadas entre octubre del año pasado y mayo de este año. La respectiva audiencia de formalización se llevó a cabo ante la jueza de control María Jimena Cardoso.
El principal sospechoso en la causa es un productor agropecuario de apellido Cezano, oriundo de la localidad cordobesa de Alcira Gigena y con fuertes vínculos comerciales en la zona de Río Cuarto. En tanto, la firma damnificada es San Jorge Sociedad Anónima, propiedad de María Ester Ingaramo, quien interviene en el expediente representada por el abogado querellante Alejandro Viano.
Reiteración de la maniobra
Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, el mecanismo consistió en la compra de grandes volúmenes de hacienda bajo la promesa de pago diferido mediante valores que carecían de respaldo financiero. El fiscal advirtió sobre la reiteración de este tipo de maniobras en la región.
"Es una modalidad que ya hemos investigado en otras oportunidades, con causas que llegaron a juicio e incluso terminaron en condenas de cumplimiento efectivo", señaló Juan.
Una vez detectado el rechazo bancario de los cheques, los damnificados no lograron recuperar la hacienda ni percibir otro medio de pago legítimo para cancelar la millonaria deuda, a lo que se suma la presunción de que el acusado se desprendió rápidamente de los animales.
Asimismo, la fiscalía advirtió que estas maniobras suelen complejizarse si los involucrados ingresan en procesos de concurso preventivo de acreedores, obstaculizando las vías de reparación económica en los fueros civil y penal.
Perjuicio de 600 millones
La dimensión económica del expediente es uno de los ejes centrales de la pesquisa: las transacciones irregulares abarcaron a unos 590 animales, generando un perjuicio patrimonial estimado en 600 millones de pesos al momento de formalizarse la denuncia en agosto pasado.
Durante la audiencia ante la jueza Cardoso, el productor fue formalmente imputado por el delito de estafa. Por el momento, el acusado permanece en libertad —asistido por el abogado defensor Jerónimo Altamirano— y ha cumplido con las citaciones de rigor impartidas por la Justicia.
"La investigación recién continúa su curso. Vamos a seguir reuniendo y produciendo las pruebas necesarias y, si corresponde, la causa llegará a un juicio oral", concluyó el fiscal.
