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EL DIARIO digital
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El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó una decisión de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que suspendió una intimación al Gobierno nacional en el marco de la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el especialista calificó la resolución como un "repudiable agravio judicial a la universidad pública, a la Constitución y a la República" y sostuvo que el tribunal se apartó de las reglas que regulan la apelación en los procesos de amparo.
Según explicó, el juez de primera instancia, Cormick, había dispuesto una medida cautelar firme vinculada con la ley de financiamiento universitario. Ante el incumplimiento, se intimó al jefe de Gabinete de Ministros con la posibilidad de aplicar sanciones económicas personales, conocidas como astreintes.
El Estado presentó un recurso de apelación, que fue rechazado por el magistrado. Sin embargo, la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Fernández, Morán y López Castiñeira, hizo lugar a un recurso de queja del Gobierno y suspendió la intimación y la eventual aplicación de esas sanciones hasta que se tramite y resuelva la apelación.
El cuestionamiento al fallo
Gil Domínguez argumentó que el artículo 15 del decreto-ley 16.986, que regula el procedimiento de la acción de amparo contra actos de autoridad pública, establece de manera taxativa cuáles son las resoluciones apelables. A su entender, la decisión cuestionada no se encuentra entre ellas y el tribunal debía justificar de manera especialmente rigurosa cualquier excepción.
El constitucionalista también cuestionó el momento en que se adoptó la resolución, que coincidió con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo del cumplimiento de la legislación sobre financiamiento de las universidades públicas.
En su interpretación, la decisión judicial buscó evitar que el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete quedaran expuestos a una eventual declaración indagatoria penal por presuntos delitos vinculados con el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Se trata de una valoración del abogado sobre los motivos de la resolución, no de una fundamentación atribuida al tribunal.
El planteo se inscribe en la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en torno a su vigencia y cumplimiento.
En el cierre de su publicación, Gil Domínguez vinculó este caso con otros expedientes judiciales, entre ellos los identificados como "CECIM" y "Árbol de Pie", y advirtió sobre lo que considera un deterioro del orden constitucional y del sistema republicano.
