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EL DIARIO digital
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La Fundación Chadileuvú pidió restablecer la Ley de Tierras y limitar la venta a extranjeros
La Fundación Chadileuvú (FUCHAD) se pronunció a favor del restablecimiento integral de la Ley 26.737, que establece límites a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros, y reclamó restricciones para proteger los recursos naturales y la soberanía nacional. La entidad difundió un documento en el que cuestionó la derogación de esa normativa incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional.
La organización, que se definió como independiente de todo poder político, sostuvo que la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras debe estar sujeta a cupos estrictos y controles estatales, especialmente cuando se trata de territorios ubicados en zonas de frontera o próximos a ríos y espejos de agua.
El pronunciamiento hace referencia al artículo 154 del DNU 70/2023, dictado por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, que dispuso la derogación de la Ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa disposición buscó eliminar los límites establecidos para la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, independientemente de su destino productivo.
La Fundación aclaró que no se opone a la participación de capitales extranjeros en actividades productivas dentro del territorio argentino, aunque consideró necesario establecer condiciones para evitar una concentración de tierras en manos de propietarios de otros países.
"La FUCHAD, en lo general, no se opone a que personas de otros países puedan comprar tierras en nuestro territorio para realizar actividades productivas, pero creemos que se debe dar un estricto cupo a dichas ventas", expresó la entidad.
En ese sentido, fundamentó su posición en la necesidad de preservar el territorio como parte del patrimonio nacional. "Las tierras son parte de un patrimonio nacional que debe ser protegido para respetar la integridad de nuestro país", señaló.
La organización también reclamó que se mantengan las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros en zonas fronterizas y en áreas cercanas a cursos de agua y espejos de agua, por considerar que se trata de espacios que requieren una protección particular.
Otro de los aspectos abordados en el documento fue la necesidad de establecer controles ambientales sobre las actividades económicas desarrolladas en esos territorios. La Fundación planteó que la legislación debe garantizar la preservación de los ecosistemas y evitar que los emprendimientos productivos provoquen daños ambientales.
En particular, expresó su preocupación por las actividades mineras y petroleras, a las que identificó como potencialmente contaminantes, y reclamó una intervención permanente del Estado para prevenir sus efectos sobre el ambiente.
La entidad extendió esa preocupación a las explotaciones agropecuarias y sostuvo que también deben contemplarse mecanismos de protección del suelo, los recursos naturales y la salud humana.
A partir de esos argumentos, la Fundación Chadileuvú consideró necesario recuperar la vigencia integral de la legislación sancionada en 2011.
"Creemos que la Ley 26.737 debe ser restablecida en su integridad por ser sabia y defender nuestra soberanía", afirmó.
Finalmente, la organización explicó que el documento constituye un aporte al debate generado a partir de la impugnación del DNU 70/2023 y sus disposiciones sobre la propiedad de tierras rurales.
El pronunciamiento lleva las firmas del presidente de la Fundación Chadileuvú, Alberto Golberg, y de su vicepresidente, Héctor Gómez.
