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EL DIARIO digital
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El plazo de diez días hábiles para responder un recurso presentado ante el Superior Tribunal de Justicia por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la pareja de Rancul que tuvo bajo su cuidado a un bebé y reclamó adoptarlo, venció este martes sin que contestaran el asesor de Niñas, Niños y Adolescentes ni la defensora adjunta, según trascendió. Otra de las partes se presentó, pero ratificó un escrito anterior sin desarrollar respuestas específicas a los agravios planteados por la pareja.
El trámite se abrió el pasado 25 de septiembre, cuando la Sala A del STJ declaró admisible en principio el recurso extraordinario provincial presentado por la familia de contención y corrió traslado a la parte recurrida. El recurso cuestiona una resolución de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que había rechazado una apelación contra la decisión de primera instancia que desestimó su pedido de guarda con fines de adopción.
Vencido el traslado, las actuaciones fueron remitidas al procurador general de la provincia para su intervención por el planteo de inconstitucionalidad incluido en el recurso.
El caso
El caso se hizo público en julio, cuando Díaz y Pizzani denunciaron que la Dirección de Niñez les había comunicado por WhatsApp que debían entregar al bebé, al que cuidaban desde los dos meses de vida como familia de contención. La pareja cuestionó que la comunicación no estuviera acompañada por una resolución administrativa formal y acudió a la Justicia para evitar la separación. La jueza Ana Clara Pérez Ballester dispuso la intervención de la Fiscalía de Estado y del gobernador Sergio Ziliotto, y luego la jueza Paola Loscertales dictó una cautelar que permitió que el niño permaneciera con ellos mientras se resolvía el conflicto.
La pareja reclamó que se le permitiera adoptar al bebé y presentó un proyecto en la Cámara de Diputados provincial para modificar la legislación sobre las familias de contención y la adopción. Sin embargo, la jueza de Familia Ana Clara Pérez Ballester rechazó sus planteos y dispuso la entrega del niño a una familia seleccionada mediante el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
La Cámara de Apelaciones de General Pico confirmó luego el rechazo de la guarda con fines de adopción. Entre los fundamentos, consideró que la pareja no estaba inscripta oportunamente en el registro y que el programa de contención tiene carácter transitorio.
El 7 de septiembre, después de que el STJ declarara inadmisible el recurso extraordinario federal con el que la pareja buscaba llegar a la Corte Suprema, la disputa tuvo uno de sus momentos más tensos. Tras negarse a entregar al bebé en Santa Rosa y emprender el regreso a Rancul, Díaz y Pizzani fueron interceptados por la Policía en la ruta nacional 35, a la altura de Eduardo Castex, y escoltados de vuelta a la capital provincial, donde la entrega se concretó esa tarde. La pareja denunció irregularidades en el procedimiento y la imposibilidad de despedirse del niño.
Tras la separación, ambos llevaron su reclamo a la Legislatura, protestaron, acamparon frente a la Casa de Gobierno y pidieron la renuncia de funcionarios. En ese contexto, la Cámara de Diputados acordó crear una comisión especial para investigar posibles irregularidades en la actuación de los organismos provinciales.
