Ziliotto envió la Ley de Tierras Rurales: frena la extranjerización y protege recursos estratégicos
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EL DIARIO digital
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El diputado nacional por La Pampa de Unión por la Patria, Abelardo Ferrán, cruzó con dureza a su par del PRO, Martín Ardohain, tras una campaña digital impulsada por este último en la que lo acusaba de haber votado en contra de un proyecto para penar el vandalismo rural. Ferrán desmintió los cuestionamientos y retrucó con un dato jurídico clave del Código Penal: sostuvo que la iniciativa del legislador opositor, en realidad, reduce las sanciones vigentes.
La controversia se encendió luego de que Ardohain iniciara una ofensiva en redes sociales señalando que el peronismo había votado en contra de proteger a las familias productivas. Ante esto, Ferrán aclaró que "apoyar un despacho propio no es votar en contra" y apuntó contra las operaciones mediáticas y la difusión de información falsa.
Penas
El legislador de Unión por la Patria explicó que el proyecto impulsado por el PRO —con el respaldo de La Liberta Avanza y la UCR— establece penas de entre 2 y 8 años de prisión, mientras que la normativa actual prevé castigos de entre 3 y 10 años para determinados delitos contra la propiedad y la producción rural.
En la misma línea, el diputado Ramiro Gutiérrez —autor del dictamen alternativo del peronismo y perteneciente al Frente Renovador— detalló los errores jurídicos que presenta la redacción de Ardohain
El texto del legislador del PRO equipara la intrusión en un campo con la violación de domicilio protegida por el artículo 150 del Código Penal, comprometiendo su viabilidad jurídica.
Al incorporar el artículo 184 bis, el PRO propone tipificar conductas que ya se encuentran contempladas en el artículo 186 inciso 2° del Código Penal —que castiga la destrucción de cosechas, ganado, plantaciones y productos rurales con penas de 3 a 10 años—, pero les asigna una escala menor de 2 a 8 años.
Según advirtió Gutiérrez, la propuesta opositora introduce una figura que reduce la pena mínima en un año y la máxima en dos, desplazando en determinados supuestos a las disposiciones punitivas más severas que ya estaban vigentes desde hace décadas.
El despacho de Unión por la Patria
Frente a la iniciativa cuestionada, el bloque peronista defendió su propio proyecto de "ley de estragos, daños agravados y protección de infraestructuras críticas y productivas". Esta alternativa mantiene el rango penal de 3 a 10 años para hechos de peligro común, y eleva las escalas de 5 a 15 años cuando el ataque recaiga sobre establecimientos productivos, rurales, industriales o infraestructura crítica para el abastecimiento y la seguridad nacional.
Para cerrar, Ferrán cuestionó a los sectores que buscan "disfrazar la realidad" y valoró el historial de la provincia: "En La Pampa tenemos una historia de trabajo que demuestra, con acciones concretas, los enormes avances en la producción agrícola-ganadera, en gran medida producto del sostenimiento de políticas públicas que acompañan a uno de los sectores productivos más importantes de nuestra provincia".
