Ziliotto envió la Ley de Tierras Rurales: frena la extranjerización y protege recursos estratégicos
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EL DIARIO digital
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La Pampa tiene 345.811 hectáreas rurales en manos extranjeras, equivalentes al 2,42% de su superficie rural, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), actualizados a agosto de 2025.
El relevamiento permite observar cómo se distribuye la propiedad extranjera en los 22 departamentos de la provincia y cobra relevancia tras el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto de enviar a la Legislatura un proyecto de ley provincial de Tierras Rurales.
La discusión sobre la propiedad de la tierra sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La decisión se tomó en el marco de una causa impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, vinculada con la protección del ambiente.
La medida cautelar interina implica que las restricciones de la ley nacional vuelven a regir de manera provisoria, mientras continúa el trámite judicial. La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido cautelar. La Corte no resolvió todavía la cuestión de fondo ni declaró la inconstitucionalidad del decreto, por lo que la controversia sobre la validez de la derogación sigue abierta.
El jueves el gobernador Sergio Ziliotto presentó un proyecto de Ley de Tierras provincial, para establecer un marco regulatorio provincial para la titularidad y el uso de las tierras rurales, en un contexto de debate sobre la protección de los recursos naturales y la soberanía territorial. La iniciativa deberá ingresar a la Legislatura para su tratamiento, instancia en la que se conocerán sus alcances concretos, los mecanismos de control previstos y su articulación con la legislación nacional. El anuncio adquirió una nueva dimensión tras la decisión de la Corte Suprema, que restableció provisoriamente las restricciones de la Ley de Tierras Rurales mientras continúa el trámite judicial.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un límite general del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los departamentos, además de restricciones por titular y nacionalidad. La suspensión provisoria del artículo 154 del DNU restablece temporalmente ese marco regulatorio, mientras avanza la causa judicial.
Atreucó y Loventué, en los primeros lugares
Los datos provinciales muestran diferencias entre departamentos. Atreucó presenta la mayor proporción de superficie rural en manos extranjeras, con el 7,44%, seguido por Loventué, con el 5,77%. En tercer lugar se encuentra Quemú Quemú, con el 3,59%.
Atreucó registra 26.586 hectáreas rurales bajo titularidad extranjera, sobre una superficie rural de aproximadamente 357.117 hectáreas. Aunque no es el departamento con más hectáreas extranjerizadas en términos absolutos, la relación entre ambas superficies lo ubica primero en el ranking provincial.
Loventué, en cambio, reúne la mayor extensión absoluta: 53.277 hectáreas en manos extranjeras, sobre unas 922.704 hectáreas rurales. Esa superficie representa el 5,77% del total departamental.
La diferencia muestra que el porcentaje de extranjerización no depende únicamente de la cantidad de hectáreas en manos extranjeras, sino también de la superficie rural total de cada jurisdicción.
Después de esos dos departamentos, Quemú Quemú registra el 3,59%; Lihuel Calel, el 3,49%; Utracán, el 3,34%; Curacó, el 3,26%; y Toay, el 3,08%.
En el otro extremo, Trenel presenta el menor porcentaje, con el 0,10%, seguido por Realicó, con el 0,16%, y Conhelo, con el 0,25%.
Aunque la proporción provincial informada se ubica por debajo del promedio nacional del 4,97%, la distribución no es uniforme. Los registros muestran diferencias significativas entre departamentos, pero no permiten determinar por sí solos qué actividades se desarrollan en esos campos, qué empresas concentran la propiedad o cuáles fueron los motivos de cada adquisición.
El antecedente de la agriculturización
La distribución territorial de las tierras extranjerizadas también abre interrogantes sobre los usos productivos y las características de las inversiones en la provincia.
Un antecedente publicado por Agencia Tierra Viva vinculó la presencia de tierras extranjerizadas en el norte y noreste pampeano con el avance de la agriculturización. En 2018, un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales citado en ese análisis identificaba 13.723 hectáreas en manos de capitales suizos, vinculados con las empresas Fiduza, Oleaginosa Moreno y Fertilo Agropecuaria, en zonas de Carro Quemado, General Pico y Lonquimay.
En diciembre de 2021, el entonces director del Registro Nacional de Tierras Rurales, Miguel Unamuno, informó que la superficie pampeana en manos extranjeras alcanzaba las 340.780 hectáreas. En esa oportunidad, también ubicó a Atreucó, Loventué y Quemú Quemú entre los departamentos con mayores porcentajes de extranjerización.
La comparación con los datos de agosto de 2025 muestra una superficie registrada de 345.811 hectáreas, unas 5.031 hectáreas más que las informadas en 2021. La diferencia corresponde a dos relevamientos realizados en momentos distintos y, por sí sola, no permite establecer qué operaciones explican la variación.
La discusión que abre el proyecto provincial
La propuesta del gobernador Sergio Ziliotto abre una discusión sobre el alcance de las regulaciones provinciales en un escenario nacional que cambió nuevamente con la decisión de la Corte Suprema. La suspensión provisoria del artículo 154 del DNU restablecía temporalmente las restricciones de la Ley de Tierras Rurales, pero no resuelve de manera definitiva la validez de su derogación.
El proyecto deberá ser analizado por la Legislatura pampeana, donde se conocerán sus alcances concretos y su articulación con el marco nacional. Entre los aspectos centrales estará determinar qué límites pretende establecer la provincia para la adquisición de tierras rurales, cómo se protegerán los recursos naturales estratégicos y qué herramientas de control se prevén.
Los datos oficiales ofrecen una referencia para esa discusión: 345.811 hectáreas rurales en manos extranjeras en La Pampa, con Atreucó y Loventué a la cabeza por proporción y superficie, respectivamente. El debate provincial se desarrollará ahora con las restricciones nacionales nuevamente vigentes de manera provisoria, mientras la Justicia define el futuro de la norma.
