Ziliotto envió la Ley de Tierras Rurales: frena la extranjerización y protege recursos estratégicos
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EL DIARIO digital
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"Lo que está haciendo (Luciano) Di Nápoli para mí es ilegal, inconstitucional y es además un robo a mano armada que lo termina pagando la gente". Así definió el concejal radical Diego Camargo la aplicación de la tasa de Seguridad e Higiene en el caso de las estaciones de servicios de Santa Rosa.
La cámara que agrupa a ese sector propietario hizo pública su queja por lo que considera que es una tasa que se reconvirtió en un impuesto distorsivo. Los patrones ya consiguieron también un apoyo del bloque del PRO.
El gobierno comunal implementa una nueva forma de cáculo para el pago de la tasa. "Uno de los primeros que sufrieron esta metodología son las estaciones de servicio que, como es obvio decir, tienen ingresos brutos, no necesariamente ganancias, pero ingresos brutos con números muy elevados", dijo Camargo. El cambio también alcanza a supermercados, empresas constructoras y otros comercios.
"No es que se haya aplicado un incremento a una tasa que se calcula de la misma manera, sino que el incremento es producto del cambio de la manera de calcularlo", insistió el concejal en declaraciones a Radio Kermés.
El concejal reconoció que las propias estaciones admiten que anteriormente pagaban poco, pero cuestionó los montos actuales. "Una cosa es pagar poco y lo otro es que lo que te estén cobrando equivalga a tres sueldos. O que vos pongas en riesgo fuentes de trabajo porque tenés que pagar un tributo a la Municipalidad de Santa Rosa", sostuvo.
"Me parece que ya no están cobrándole una tasa de inspección, seguridad e higiene, le están cobrando un impuesto", se quejó. Para Camargo, la discusión también pasa por la prestación del servicio que justifica el cobro. "Más allá de la cuestión matemática, la cuestión técnica es qué servicio está brindando la municipalidad para cobrar ese monto. Además, no lo prestan prácticamente. Yo no conozco que se hagan inspecciones periódicas y regulares, como dice la Corte Suprema".
La situación derivó en una demanda contencioso administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia, en la que cuestionan la constitucionalidad de la forma de cálculo. Aclaró que el juicio no lo encabeza la cámara que las nuclea y que, sobre este reclamo, su bloque espera la resolución judicial.
"Estamos a la espera de lo que resulte en el Poder Judicial porque nos parece que puede marcar un antes y un después en este avance tributario para mí inconstitucional de la Municipalidad de Santa Rosa que hemos señalado tantas veces", completó Camargo.
