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EL DIARIO digital
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El conflicto por la ocupación de un tramo de la calle Garay Vivas, donde un vecino instaló un taller mecánico y vive junto a su familia, sumó un nuevo capítulo judicial. La Municipalidad de Santa Rosa inició una demanda para desalojar el lugar y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió que será el encargado de intervenir en el caso.
Se trata de Víctor López, el vecino que ya afronta una causa penal por presunta usurpación a raíz de la ocupación de un sector ubicado en Garay Vivas al 2800, casi Sansinanea, en Colonia Escalante. Allí funciona el taller mecánico "El Chaco". El caso tomó estado público meses atrás a partir del reclamo de vecinos de la zona.
La nueva acción fue presentada el 14 de agosto por la Municipalidad contra López y/o quien resulte ocupante. La comuna reclama la restitución del tramo de calle y sostiene que se trata de un bien perteneciente al dominio público municipal.
Según consta en la resolución judicial, el subdirector de Obras Particulares del municipio constató la ocupación, intimó a los ocupantes a liberar el sector y requirió la presentación de planos, sin obtener resultados.
La demanda fue presentada inicialmente ante el fuero civil, pero el juez que recibió el expediente lo remitió al Superior Tribunal para que determinara qué órgano debía intervenir.
La Sala C resolvió finalmente que el conflicto corresponde al fuero contencioso-administrativo porque la Municipalidad actúa en defensa de un bien del dominio público y en ejercicio de sus facultades sobre calles y caminos.
El STJ se declaró entonces competente, admitió en principio el proceso y ordenó correr traslado de la demanda a López, quien tendrá un plazo de 15 días para responder. También dispuso formar un expediente separado para analizar la medida cautelar solicitada por el municipio.
Causa penal
La demanda de desalojo se suma a la causa penal que ya tramita por la presunta usurpación del mismo lugar.
Como informó El Diario, esa investigación se inició a partir de una denuncia de la Municipalidad y quedó en manos de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos. López fue citado a declarar en julio.
En aquel momento, el vecino presentó además un descargo ante el Concejo Deliberante en el que reconoció haberse instalado en el lugar y explicó que tomó esa decisión porque no podía afrontar un alquiler. Señaló que vive allí junto a su familia y que levantó el taller para poder trabajar.
"Solo pedimos que nos dejen trabajar dignamente", sostuvo entonces. También manifestó su intención de encontrar una alternativa para regularizar su situación y planteó que estaría dispuesto a pagar por el sector mediante un plan que pudiera afrontar.
Rechazos
En la nueva causa, la Municipalidad había solicitado además que fueran citadas como terceros cuatro personas que habían puesto en conocimiento de las autoridades la ocupación del lugar.
El STJ rechazó el pedido. Consideró que el hecho de haber denunciado la situación no convierte a esas personas en parte del conflicto judicial, que se desarrolla entre la Municipalidad y el ocupante.
También desestimó por ahora el pedido para realizar una inspección ocular anticipada en el lugar. El tribunal entendió que la comuna no demostró que existiera una urgencia que justificara producir esa prueba antes de la etapa correspondiente.
De esta manera, el conflicto tiene ahora dos vías judiciales: por un lado, continúa la investigación penal por presunta usurpación; por otro, el STJ tramitará la acción promovida por la Municipalidad para recuperar el tramo de calle ocupado.
