Tiene una discapacidad, revirtieron una condena y le explicaron la sentencia
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EL DIARIO digital
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Legisladores de seis provincias patagónicas manifestaron su preocupación por la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto el fallo que protegía la venta de tierras a extranjeros. Además, reclamaron al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento del DNU 70/2023.
El planteo fue realizado por integrantes del Parlamento Patagónico de La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro, quienes advirtieron sobre el impacto que puede tener la medida en una región caracterizada por sus extensas zonas fronterizas, sus recursos naturales y la presencia de áreas consideradas estratégicas.
Por La Pampa, el pronunciamiento fue acompañado por María Luz Alonso, Martín Balsa, Silvia Larreta, Espartaco Marín, Marcela Páez y Federico Ortiz García, junto con representantes legislativos de las restantes provincias que integran el Parlamento Patagónico.
La controversia se originó a partir del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Esa norma fijaba límites a la propiedad extranjera y establecía que la titularidad o posesión de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras no podía superar el 15 por ciento del territorio nacional, provincial o municipal.
También imponía restricciones a la concentración de tierras por parte de titulares de una misma nacionalidad y contemplaba regulaciones específicas para inmuebles ubicados en zonas vinculadas con cursos y cuerpos de agua, entre otros sectores considerados sensibles.
La Cámara Federal de La Plata había hecho lugar a una cautelar ante un pedido de inconstitucionalidad de la derogación incluida en el decreto, pero este martes la Corte Suprema revocó esa decisión. Para hacerlo, sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor de la acción judicial, no contaba con legitimación para promover el planteo y que no existía un "caso o controversia" que habilitara la intervención judicial en esos términos.
El máximo tribunal no analizó el fondo de la cuestión ni se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. Sin embargo, la consecuencia de la decisión es que queda sin efecto la sentencia de la Cámara platense y, por lo tanto, vuelve a regir la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el Poder Ejecutivo.
Advertencia por la situación patagónica
Frente a ese escenario, integrantes del Parlamento Patagónico señalaron que la eliminación de las restricciones previstas en la legislación anterior deja sin límites cuantitativos y geográficos específicos la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En el documento difundido tras conocerse la resolución judicial, destacaron especialmente las particularidades de la Patagonia, donde confluyen extensas franjas de frontera, importantes reservas hídricas y territorios de relevancia ambiental y geopolítica.
Según expresaron, la ausencia de esas regulaciones puede comprometer la planificación territorial y el desarrollo sustentable de las comunidades de la región. En ese sentido, calificaron la situación como un posible riesgo para la integridad territorial.
Los legisladores también objetaron los argumentos utilizados por la Corte para descartar la legitimación del CECIM. Consideraron que el criterio adoptado dificulta la posibilidad de someter a revisión judicial decisiones relacionadas con cuestiones que, según sostuvieron, involucran intereses colectivos y aspectos vinculados con la soberanía nacional.
La Corte, en cambio, entendió que en este expediente la soberanía territorial no podía ser encuadrada como un "bien colectivo" en los términos previstos por el artículo 43 de la Constitución Nacional y que la organización de excombatientes no estaba facultada para representar a un colectivo indeterminado.
Pedido al Congreso
El pronunciamiento también incluyó un reclamo dirigido a la Cámara de Diputados de la Nación para que complete el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.
Los representantes patagónicos recordaron que en discusiones parlamentarias anteriores no prosperaron iniciativas orientadas a flexibilizar la propiedad extranjera de tierras y señalaron que existen antecedentes de acuerdos políticos en torno a la necesidad de mantener mecanismos de resguardo sobre el territorio.
"La tierra rural es un recurso finito y estratégico para la producción, el asentamiento de poblaciones locales y la protección de las fronteras nacionales", señalaron en el documento.
En el cierre, los firmantes pidieron que la cuestión territorial sea abordada como una política de Estado y reclamaron acuerdos entre las distintas expresiones políticas para preservar las fronteras y los recursos estratégicos del país.
