Dos demorados por abigeato en Parera
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EL DIARIO digital
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El fiscal Damián Campos brindó precisiones sobre el avance de la causa por el robo de 250.000 dólares en perjuicio de un vecino de apellido Prada en General Pico, un hecho que investiga a cuatro personas por presunta planificación previa. En declaraciones a InfoPico Radio, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó resultados clave del Laboratorio Genético Forense que vinculan de manera directa a los imputados, al tiempo que aclaró el alcance de la medida dictada por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), el cual otorgó el arresto domiciliario con tobillera electrónica a los dos detenidos de la causa.
Campos remarcó que el otorgamiento de la prisión domiciliaria no altera el fondo de la investigación ni debilita los elementos de convicción. "El hecho de que les dispongan o no la prisión preventiva o la modalidad de arresto domiciliario no hace a que hayan mermado los elementos de prueba para suponer su participación criminal", sostuvo el fiscal, quien adelantó que la meta del MPF es formular la acusación formal antes de fin de año.
Pericia genética
Entre las evidencias científicas más relevantes, Campos reveló que la pericia genética realizada sobre una gorra secuestrada en el domicilio del investigado Gonzalo Torres —de idénticas características a la registrada por las cámaras de seguridad en la vivienda de la víctima— arrojó el perfil genético de Mauricio Bajo. "Confirmamos la hipótesis fiscal de que el que andaba con la gorra era Bajo, el que ingresó a lo de Torres era Bajo, y el que se cambió las prendas de vestir fue Bajo", aseveró. Asimismo, el análisis sobre una lata de gaseosa hallada en el vehículo sospechoso detectó ADN de Torres y del titular del rodado, acreditando la presencia de ambos dentro del automóvil.
La investigación abarca actualmente a Mauricio Bajo, Gonzalo Torres, Claudio Arhex y Luján Luna con distintos grados de participación.
Entre las diligencias pendientes, la fiscalía aguarda el peritaje sobre los teléfonos celulares secuestrados, el informe de impacto de antenas telefónicas y la trazabilidad de la numeración de los billetes incautados, los cuales presentan una serie corta correlativa que sugiere que provinieron del mismo lote.
El próximo 27 de septiembre de 2026 vence el plazo de 60 días fijado en la investigación, fecha en la que se evaluará la continuidad de las medidas coercitivas ante el Juez de Control.
