Vértiz vivió el inicio de X+Derechos
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EL DIARIO digital
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Las políticas adoptadas por el gobierno provincial para poner parches al hacinamiento carcelario son insuficientes, advirtió el defensor Penal adjunto Mauro Fernández, tras la clausura judicial del pabellón 5 de la Unidad Regional II de Generl Pico.
"El problema del hacinamiento de población carcelaria es un problema de vieja data y se ha tratado de ir resolviendo o emparchando con diferentes políticas", dijo el funcionario.
Lamentó que "es una situación que no se logra resolver". Aclaró que las personas detenidas "están privadas de su libertad ambulatoria, no de otros derechos. Y mal que mal el Estado les debe garantizar determinadas condiciones que hacen a su dignidad", aseveró en declaraciones a Radio Kermés.
Apuntó respecto del Pabellón 5 de la UR II de Pico que "a partir de que no existen lugares ya para poner condenados y procesados, ese pabellón se está utilizando como pabellón común" pese a que originalmente era una suerte de sitio de aislamiento o "buzón de castigo".
"Claramente no estaba en condiciones", definió. Confirmó que en toda la alcaidía había 76 personas detenidas para 39 camas. "No hay camas en todos los pabellones para todos los detenidos que hay", dijo. Pero aclaró que en el pabellón 5 la vulneración de derechos era todavía más evidente.
"Es un lugar donde no había higiene, absolutamente no había privacidad. Estábamos hablando de una situación totalmente precaria. En este caso particular era ya muy extrema la situación en el sentido de que no había cuestiones básicas", insistió.
La resolución judicial no se limitó a la clausura. También intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa para que subsane el déficit de camas en el establecimiento mediante la provisión de camas, colchones y sábanas para las personas detenidas.
Entre las medidas previstas, hay una obra dentro del mismo predio para sumar un nuevo sector de alojamiento, denominado pabellón 6. La ampliación había sido solicitada en 2024 y debía haberse terminado en un plazo de 180 días.
"Por lo menos serviría para descomprimir un poco la situación, independientemente de que claramente no es una resolución definitiva del problema", señaló Fernández. "Habrá que ver qué medidas se adoptan para solucionarlo, lo cual cada vez es más grave", agregó el defensor.
