Vértiz vivió el inicio de X+Derechos
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EL DIARIO digital
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La saga de maniobras judiciales y despojos inmobiliarios que damnifica al exfutbolista Alfredo Rincón sumó un capítulo de fuerte presión cotidiana: desde hace una semana, la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) le retiró el medidor de su vivienda de Villa Martita, dejándolo sin servicio eléctrico a él y a su hijo. La medida fue ejecutada a partir de una presentación realizada por el empresario gastronómico Eduardo Ros, quien reclama la titularidad del inmueble ubicado en la calle Felgueras 2056.
El caso reaviva la trama criminal que involucró la confección de escrituras a precio vil y que tuvo su punto más oscuro en el crimen de Griselda Fuentes Cabal, asesinada por un sicario en mayo de 2014. Durante el juicio por ese homicidio —ordenado por Carlos Luján Sosa—, el propio Ros declaró que el ataque ocurrió tras la negativa a firmar la escritura de la casa de Rincón, propiedad que figuraba formalmente a nombre de Elida Esther Sosa (hermana del instigador) mediante un boleto de compraventa que el propio Rincón le había advertido que estaba fraguado.
Pese a ese antecedente y a que la familia Sosa nunca impulsó un desalojo formal, Ros reapareció en la contienda administrativa. Según pudo saber el damnificado en las oficinas de la cooperativa, el empresario saldó una deuda existente del medidor y presentó documentación para solicitar la interrupción y retiro de la conexión domiciliaria, trámite al que la entidad de la calle Raúl B. Díaz accedió.
No es la primera vez que se intenta un amedrentamiento de estas características. Tiempo atrás, Ros intentó dar de baja el suministro de gas natural mediante un trámite virtual, pero Rincón logró frenar la maniobra acreditando la escritura original a su nombre y un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Dicha resolución judicial ordenó investigar todas las operaciones de desapoderamiento de sus bienes bajo la figura de lavado de dinero, en una causa que permanece sin avances sustanciales en los tribunales federales de Santa Rosa.
Frente a la vulnerabilidad de permanecer a oscuras en su propia vivienda, el exfutbolista inició un nuevo trámite para reponer el servicio y frenar lo que define como un ataque coordinado. Según denunció, posee información de que Ros y la familia Sosa han retornado los contactos para quedarse definitivamente con el inmueble de la calle Felgueras.
