La Pampa

Una maestra mayor de obra pide frenar multas confiscatorias

Regularizar un garage un baño o una pieza en un plano puede costar millones
Regularizar un garage, un baño o una pieza en un plano, puede costar millones.
 La maestra mayor de obras Carina Vicens presentó un reclamo ante el Concejo Deliberante para derogar una reforma impositiva que multiplicó las multas de construcción de un 500% a un 1000%.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

Advierte que regularizar una casa humilde de 60 metros cuadrados pasó de costar 600 mil pesos a más de 3,2 millones, transformando un trámite administrativo en una condena económica para los vecinos.

Para cualquier familia trabajadora de Santa Rosa, levantar una habitación, techar un garaje o construir una casa pequeña es el esfuerzo de toda una vida. Muchas veces, por falta de recursos para pagar planos de antemano, estas obras se inician "de hecho", con la promesa de regularizarlas cuando la economía lo permita. Sin embargo, una reciente reforma impositiva aprobada por el Municipio transformó esa posibilidad de ponerse en regla en una misión prácticamente imposible.

Ante esta situación límite, la vecina y maestra mayor de obras Carina Soraya Vicens dio un paso al frente. El pasado 24 de agosto, presentó una petición formal ante el Concejo Deliberante —dirigida a su presidenta, Romina Montes de Oca, y a todos los bloques de concejales— exigiendo la derogación y anulación de la Ordenanza N° 7216/2026 (sancionada el 4 de junio de este año). En un escrito técnico pero directo, Vicens califica las nuevas multas municipales por edificación sin autorización previa de "confiscatorias, desproporcionadas, regresivas y abusivas", asegurando que destruyen la capacidad de pago de los vecinos y atentan contra el derecho a una vivienda digna.

El cambio en la fórmula: el bolsillo en la mira

¿Qué cambió para que la situación se volviera tan grave? Según explica la profesional, antes de la reforma de junio, las multas municipales para quienes declaraban construcciones ya existentes se calculaban bajo un régimen previsible. La norma original (Ordenanza Tarifaria Anual N° 7192/2025) medía las sanciones utilizando el Módulo Tributario Municipal (MTM), de forma proporcional al tipo de obra y metro cuadrado (Artículo 116). El sistema permitía que una familia supiera de antemano cuánto iba a pagar.

Pero la nueva Ordenanza 7216 barrió con ese equilibrio. El Municipio eliminó el cálculo tradicional y pasó a cobrar de forma directa utilizando Unidades Fijas (UF) indexadas al valor del combustible (nafta) por cada metro cuadrado construido sin permiso, aplicando escalas progresivas sumamente agresivas. En la práctica, este nuevo sistema ató las multas por construcción al precio del combustible, provocando aumentos automáticos y exponenciales que hoy oscilan entre el 500% y el 1000% de incremento en comparación con lo que se pagaba apenas unos meses atrás.

Casos reales: números que asustan a cualquiera

Para que el reclamo no quedara en una queja teóricamente abstracta, Vicens acompañó su presentación con cálculos de casos reales que ilustran el impacto devastador de la medida en la economía de los hogares de Santa Rosa:

El caso de una vivienda económica de 60 m²: Para un trabajador que construyó con mucho esfuerzo una casa pequeña de esta superficie, ponerse al día con el Municipio bajo el régimen anterior costaba una multa de $604.800,00 (lo que equivalía a 1,6 salarios mínimos). Hoy, con la nueva fórmula, esa misma familia debe pagar una multa de $3.200.400,00 (unos 8,5 salarios mínimos). En este caso, la penalización representa casi el 50% del valor total del terreno, configurando un claro ahogo económico. El incremento directo fue del 529%.

El caso de una vivienda unifamiliar de 171,43 m²: La situación se vuelve todavía más prohibitiva en superficies medianas. En el análisis del caso real correspondiente a la vecina Sandra Elisabeth Paini, el cálculo de la multa por edificación sin permiso antes de la reforma arrojaba un valor de $1.848.688,80. Al aplicarse la nueva fórmula con Unidades Fijas y multiplicadores de reincidencia, la misma infracción se disparó a la increíble cifra de $16.154.534,62. El aumento alcanza un aberrante 874%, volviendo la deuda absolutamente impagable.

Castigar en lugar de regularizar

"El poder de policía del Municipio tiene como fin cuidar la habitabilidad, la seguridad y tener un catastro ordenado", explica Vicens en sus fundamentos. Sin embargo, advierte que este esquema puramente castigador produce el efecto contrario: al imponer montos imposibles de pagar, el Municipio asusta al vecino, paraliza las regularizaciones, frena la actividad de los profesionales y empuja a miles de familias a mantenerse en la informalidad o a endeudarse de por vida. El sistema, en lugar de ordenar el mapa de la ciudad, actúa como un embudo expulsivo.

Además de la confiscatoriedad, la profesional denunció un vicio legal muy grave que afecta a muchos contribuyentes: la aplicación retroactiva de la norma. Según el derecho administrativo, las leyes impositivas más duras no pueden aplicarse hacia atrás. Sin embargo, el Municipio ha estado cobrando estas multas millonarias a vecinos que iniciaron sus trámites de regularización antes de la sanción de la ordenanza en junio, ignorando el principio constitucional de irretroactividad de las leyes.

La propuesta: volver al sentido común

Frente a este escenario, Carina Vicens propuso una salida legislativa concreta para devolverle el sentido común a las cuentas municipales. Su propuesta exige tratar de manera urgente tres medidas:

Derogación expresa de la Ordenanza N° 7216/2026 para frenar de inmediato la aplicación de este esquema de multas abusivas en Unidades Fijas.

Restablecer el régimen de MTM de la Ordenanza Tarifaria N° 7192/2025, devolviendo la proporcionalidad y la previsibilidad a las sanciones de edificación.

Crear una cláusula de protección que ordene al Municipio reliquidar de oficio los expedientes de regularización iniciados durante 2026 para aplicarles los parámetros más benignos de origen, y eximir del 100% de la multa ($0) a quienes se hayan acogido a programas de regularización voluntaria.

La petición de Vicens ya ingresó al Concejo Deliberante y fue girada a las comisiones de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas para su tratamiento. Ahora, los concejales de Santa Rosa tienen en sus manos la decisión de sostener una recaudación desmedida o escuchar el desesperado pedido de vecinos y profesionales que solo quieren tener sus papeles al día sin que eso les cueste perder su casa.

También te puede interesar...