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EL DIARIO digital
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Tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó citar a La Pampa en la causa donde Mendoza busca anular el cobro de las regalías hidroeléctricas del Complejo Los Nihuiles, el Gobierno provincial salió a valorar el impacto político e institucional de la medida.
Desde Casa de Gobierno remarcaron que la decisión del Máximo Tribunal -dictada en el expediente iniciada por la provincia cuyana contra el Estado Nacional- constituye "un hecho trascendente", ya que reconoce la vigencia del vínculo jurídico directo y evita que se resuelva la validez de un acuerdo sin haber escuchado previamente a una de las partes firmantes.
El convenio en disputa, suscripto el 7 de febrero de 1992 entre ambas provincias y el Estado Nacional y luego homologado por la propia Corte, fijó el derecho de La Pampa a percibir las regalías. Desde la óptica pampeana, la postura del gobierno mendocino evidencia una "contradicción fáctica y jurídica" y una violación al principio de buena fe.
En ese sentido, señalaron que Mendoza pretende desconocer la cláusula que la obliga a pagar las regalías, pero conserva los beneficios que obtuvo en esa misma negociación: la conformidad que le prestó La Pampa para la transferencia del complejo hidroeléctrico a manos mendocinas.
"No resulta admisible que una de las partes pretenda seleccionar unilateralmente qué aspectos de un convenio reconoce y cuáles desconoce", recalcaron sobre la maniobra mendocina. Ante ese escenario, evaluaron que la citación fijada por el tribunal es un paso clave para ejercer el derecho de defensa y una señal en favor del federalismo.