El PJ puso primera en General Acha con la mirada en la Juventud y el territorio
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa dio curso a una formal denuncia que pone bajo la lupa la situación de revista de Luis Nicanor Romero, exviceintendente y expresidente del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, a quien se investiga por presuntas irregularidades en el débito laboral dentro de la administración pública provincial.
La presentación, ingresada formalmente en el organismo fiscal el pasado 19 de agosto y fue realizada por Gustavo Carrizo, director del medio digital La Voz de 25. Encuadrada bajo las previsiones del Estatuto del Empleado Público (Ley Provincial Nº 1830), solicita la apertura de un sumario instructivo para determinar si existe un cobro indebido de haberes sin la correspondiente prestación efectiva de tareas en la Delegación de Casa de Piedra.
Según consta en los registros del Boletín Oficial (Decreto Nº 379/23), Romero figura designado como agente de la planta provincial desde el 9 de junio de 2021, revistando en la Categoría 16 del área de Mantenimiento y Producción, con una carga horaria fijada en 32 horas y media semanales.
Sin embargo, la denuncia sostiene que existiría una brecha insalvable entre el estatus legal del exfuncionario veinticinqueño y su presencia real en el lugar de trabajo, sugiriendo una omisión sistemática e injustificada del régimen de asistencia.
Ante esta situación, se requirió a la FIA que libre oficios a la Delegación de Casa de Piedra para que remita los libros de firmas, planillas de presentismo y controles de acceso. En paralelo, se solicitó a la Dirección General de Personal un informe contable detallado de la totalidad de los sueldos liquidados a favor de Romero desde su nombramiento, junto con la realización de inspecciones oculares y la toma de testimoniales a los trabajadores del área para verificar si el dirigente prestó servicios en el destino asignado.
De comprobarse el incumplimiento del régimen de asistencia, el hecho no solo constituirá una falta grave a los deberes de conducta del estatuto público, sino que abrirá un frente judicial por eventual perjuicio al erario provincial en el manejo de las partidas presupuestarias.
