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EL DIARIO digital
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La ola de delitos contra la propiedad que golpea a los comercios de Santa Rosa sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de impotencia e impunidad. Un comerciante local, que sufre a diario ilícitos en su establecimiento y aportó elementos probatorios clave —entre ellos filmaciones donde se observaba el accionar de los delincuentes—, recibió la notificación oficial de que la Justicia decidió cerrar la investigación sin imputaciones ni avances.
La resolución fue formalizada a través de una cédula expedida por la Unidad de Atención Primaria de la Primera Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal. En el documento notificatorio, la prosecretaria sustituta Noelia Belén Estrada informó al denunciante el archivo de las actuaciones tramitadas en el Legajo Nº 184900/0.
La decisión judicial de archivar la causa se amparó formalmente en lo normado por el artículo 287 del Código Procesal Penal de La Pampa, una herramienta que faculta a la Fiscalía a desestimar o archivar actuaciones cuando considera que no hay elementos suficientes para proseguir la acción penal o cuando la significación del hecho no amerita el despliegue de recursos investigativos.
Sin embargo, el dictamen cayó como un balde de agua fría en el ámbito comercial de la ciudad. El damnificado no solo realizó la denuncia correspondiente tras el hecho, sino que facilitó los registros de las cámaras de seguridad para agilizar la labor de los investigadores y lograr la identificación de los sospechosos.
Pese a la contundencia de las imágenes y a que las actuaciones identificaban con nombre y apellido a los acusados, el órgano fiscal resolvió no profundizar la causa y disponer el archivo definitivo del legajo, dejando la causa paralizada y a la víctima sin ningún tipo de reparación o justicia.
Crece la preocupación
El caso vuelve a poner bajo la lupa el accionar del Ministerio Público Fiscal frente a la proliferación de mecheros, hurtos y robos menores que azotan a diario a los locales del centro y de los barrios santarroseños.
Entre los comerciantes pampeanos la preocupación es creciente: advierten que el archivo sistemático de este tipo de legajos genera una sensación de "zona liberada" e impunidad para quienes delinquen. Mientras los dueños de los locales invierten sumas considerables en sistemas de videovigilancia y alarmas para aportar pruebas a la policía, las respuestas institucionales terminan derivando en notificaciones de archivo que dejan los delitos sin castigo.
