Condenaron a un hombre por abusar de una sobrina
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EL DIARIO digital
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El abogado Jerónimo Altamirano, representante del empleado municipal de Realicó cesanteado luego de ser condenado por agredir y amenazar a su hija adolescente, cuestionó el procedimiento administrativo que derivó en la desvinculación y sostuvo que la defensa no discute las facultades del intendente Facundo Sola para aplicar una sanción, sino el modo en que se llevó adelante el sumario.
El letrado afirmó que "nunca fue notificado formalmente el empleado municipal" y señaló que la defensa presentó "un recurso jerárquico en tiempo y forma", por lo que considera que la situación administrativa todavía debe ser resuelta.
En diálogo con el portal InfoTec, Altamirano reconoció que la posibilidad de que el Ejecutivo sostenga la cesantía basándose en la condena judicial "es una de sus facultades" y que las normas nacionales, a las que adhieren la Provincia y los municipios pampeanos, establecen "esta facultad u obligación de los Estados de tomar medidas respecto de personas que tengan antecedentes condenatorios". Sin embargo, aclaró que ese no es el punto "que nosotros estamos cuestionando, sino que justamente lo que decimos es, para cesantear a una persona, se requiere un proceso administrativo en el cual se le dé la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y se respete el debido proceso".
Críticas al procedimiento
Altamirano explicó que durante el trámite administrativo la defensa presentó un primer descargo, ofreció pruebas, interpuso un recurso de reposición y posteriormente presentó un recurso jerárquico.
Según detalló, entre las pruebas ofrecidas había declaraciones testimoniales y documentación vinculada con el contexto del proceso penal. También señaló que el propio empleado debía tener la posibilidad de ser oído dentro del sumario.
"La misma ley procedimental establece el derecho de ser oído del agente, cuestión que hasta el momento no ha sucedido, no se lo escuchó nunca a pesar de los reiterados intentos de ofrecer esa prueba", afirmó.
El abogado cuestionó además que la sumariante, la secretaria de Desarrollo Social, Nora Heredia, no haya permitido producir la prueba ofrecida por la defensa y sostuvo que tampoco se habría permitido alegar sobre la prueba incorporada al expediente.
"Nosotros hemos presentado pruebas que tienen que ver con la posibilidad de defenderse y de ser oído en el marco del sumario administrativo", explicó.
De acuerdo con su planteo, la incorporación de la sentencia penal "no implica una aplicación automática de una sanción en sede administrativa, que es justamente lo que nosotros estamos intentando hacer acá, que no se lo sancione, atento a que hay explicaciones por las cuales se decide esa sentencia penal".
Indicó además que, aun cuando el Ejecutivo considerara que correspondía sancionar al empleado, existían otras alternativas. "Podría haber establecido una suspensión por algún plazo determinado. O esa sanción se podría haber estipulado a lo que dura el antecedente penal", explicó.
"Son distintas las cuestiones que se podrían haber adoptado como sanción, pero siempre y cuando se respete el proceso", consideró.
Recurso y planteo
Respecto del recurso presentado, Altamirano explicó que se trata de una instancia de revisión dentro de la administración municipal.
Según detalló, previamente se había presentado un descargo y luego un recurso de reconsideración ante la misma autoridad que había tomado la decisión cuestionada. Ante la falta de respuesta favorable, la defensa recurrió al superior jerárquico.
"El superior jerárquico de la señora Heredia es el señor intendente, razón por la cual, dentro del plazo que está en el Código, nosotros hicimos uso de ese recurso jerárquico", explicó.
Afirmó además que hasta este jueves el empleado no había recibido una notificación formal de la cesantía. En ese marco, indicó que solicitó tomar vista de la totalidad del expediente y pidió que el recurso tenga efecto suspensivo. "Es decir que, como no está notificada ninguna resolución, que continúe en el estado que está hasta hoy", explicó.
El abogado anticipó que, si el planteo administrativo no prospera, "nosotros eventualmente iniciaremos un proceso contencioso administrativo, es decir, ante el Superior Tribunal de Justicia, a los fines de que se declare inválido el proceso".
Aclaró que el eventual planteo judicial estaría centrado en las cuestiones procedimentales y no en desconocer las facultades del Ejecutivo para adoptar medidas frente a una condena. "Lo que nosotros vamos a encarar ahí son las deficiencias en el proceso", sostuvo.
La presencia de Rivas
Altamirano también explicó la presencia de la concejala Celina Rivas, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, quien concurrió a la Municipalidad junto al empleado, sus familiares y el abogado y señaló que estuvo relacionada con la incorporación al sumario de un pedido de informes presentado por la bancada opositora para conocer qué procedimientos administrativos aplica el municipio cuando funcionarios o empleados quedan involucrados en procesos judiciales, pese a que no había sido tratado por el órgano deliberante.
"El motivo en particular fue justamente la incorporación de esa nota que provenía de su bloque y fue uno de los cuestionamientos que oportunamente nosotros hicimos para aclarar esta desprolijidad en el sumario", indicó.
