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EL DIARIO digital
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El sector de taxis de Santa Rosa llevó al Concejo Deliberante un planteo de fondo sobre el presente y el futuro de la actividad. La Asociación Taxistas La Terminal y Radio Taxi Centro S.R.L. presentaron dos documentos en los que, además de denunciar una situación de "profunda gravedad legal, económica y política", reclamaron que el municipio aplique de manera efectiva la regulación de las plataformas digitales y propusieron una amplia modificación de la ordenanza que regula el servicio tradicional.
Las presentaciones fueron firmadas por Gabriel Ferreyra, presidente de la Asociación Taxistas La Terminal, y Marcos Javier Urreaga, vicepresidente de Radio Taxi Centro S.R.L., y quedaron incorporadas entre los asuntos particulares ingresados al cuerpo deliberativo el jueves pasado.
Una de ellas manifiesta la "preocupación por la inestabilidad tanto jurídica como económica que atraviesa el sector", mientras que la segunda adjunta directamente un modelo de proyecto para modificar la Ordenanza Nº 5868/2018 del servicio de coches taxímetros.
El primer reclamo tiene como blanco central la aplicación de la Ordenanza Nº 7190/2025, que regula el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales. Los representantes del sector sostienen que, pese a la sanción de esa normativa, el Departamento Ejecutivo no puso en funcionamiento de manera efectiva la autoridad encargada de fiscalizarla.
En el escrito responsabilizan directamente a la gestión del intendente Luciano di Nápoli por lo que consideran una "inacción material" y plantean que la falta de controles permite que empresas multinacionales de transporte operen sin cumplir requisitos comparables a los que se les exigen a los taxis.
"Esta dilación desarticula el control en la vía pública", señalaron, y advirtieron que se generó un escenario en el que las plataformas funcionan "al margen de los requisitos exigidos a los prestadores tradicionales", con consecuencias económicas para quienes mantienen vehículos y choferes bajo el esquema regulado por el municipio.
Reclamo por una "asimetría regulatoria"
Los taxistas pusieron especial énfasis en lo que califican como una "asimetría regulatoria". Señalan que los vehículos tradicionales deben afrontar revisiones técnicas, desinfecciones, seguros comerciales, habilitaciones profesionales y obligaciones tributarias, mientras cuestionan que no exista una fiscalización equivalente sobre quienes trabajan mediante aplicaciones.
El documento avanza incluso sobre el terreno institucional. Los firmantes sostienen que la falta de aplicación de una ordenanza afecta la credibilidad de las instituciones y afirman que la regulación no constituye un mero "formalismo técnico-burocrático", sino que forma parte de las garantías de seguridad que el Estado debe brindar a quienes utilizan el transporte de pasajeros.
También invocan el principio constitucional de igualdad ante la ley y la autonomía municipal para ejercer el poder de policía sobre las actividades comerciales y de transporte dentro de la ciudad. En esa línea, aseguran que la falta de fiscalización termina trasladando de hecho parte del ordenamiento del transporte a "algoritmos y esquemas comerciales de corporaciones privadas extranjeras".
Frente a ese panorama, pidieron al Concejo Deliberante que intervenga y requiera al Ejecutivo la puesta en funcionamiento de la autoridad de aplicación y un informe detallado sobre el grado de implementación de la normativa y los controles realizados hasta el momento.
La presentación fue acompañada, además, por un modelo de proyecto de comunicación destinado a los propios concejales. Allí los taxistas van todavía más lejos: proponen intimar al Ejecutivo para que en un plazo de 48 horas hábiles designe y ponga en funciones a la autoridad de aplicación de la ordenanza de plataformas.
Ese borrador también plantea operativos inmediatos de fiscalización e inspección vehicular, con confección de actas y eventual secuestro de vehículos que presten servicios en infracción, y la creación de una mesa de trabajo con representantes del municipio, las comisiones del Concejo y las entidades del sector.
Una reforma integral para los taxis
Pero el reclamo contra las aplicaciones es apenas una parte del planteo. La segunda presentación propone modificar de manera sustancial el régimen que desde 2018 regula el servicio de taxis en Santa Rosa.
Los autores justifican los cambios en la caída del número de licencias, el debilitamiento económico de las bases de radiotaxis y el nuevo escenario competitivo generado por las plataformas digitales.
Uno de los primeros puntos propone flexibilizar el ingreso de vehículos al sistema. La iniciativa elimina la exigencia de que las unidades sean cero kilómetro y permitiría incorporar automóviles con hasta diez años de antigüedad, siempre que cuenten con Revisión Técnica Obligatoria anual e inspección municipal vigente.
También se plantea ampliar el régimen de vehículos sustitutos. Actualmente, una avería o un siniestro puede dejar fuera de servicio a un permisionario durante un período prolongado. El proyecto propone permitir que se utilicen unidades de reemplazo durante todo el tiempo que dure la reparación, un trámite judicial o cualquier otra causa que impida utilizar el auto titular. Ese vehículo sustituto ni siquiera tendría que estar a nombre del titular de la licencia: podría acreditarse mediante comodato, alquiler o una autorización de uso, siempre con el seguro correspondiente.
Otro cambio visible sería la eliminación de la exigencia de un color uniforme para los taxis. De aprobarse la propuesta, los vehículos podrían conservar cualquier color de fábrica y solo deberían utilizar los elementos identificatorios que establezca el municipio.
Choferes monotributistas y hasta cinco licencias
La iniciativa también apunta al régimen laboral y a la titularidad de las licencias.
Los taxistas proponen que los choferes puedan ser incorporados al registro municipal bajo la categoría de trabajador independiente, mediante monotributo o monotributo social.
Otro artículo busca agilizar la transferencia de licencias para evitar que las bajas reduzcan la cantidad de vehículos disponibles y debiliten financieramente a las bases de radiotaxis.
Uno de los cambios de mayor impacto permitiría que una misma persona humana o jurídica sea titular de hasta cinco licencias de taxi, siempre que tenga antecedentes en la prestación o gestión del servicio en Santa Rosa.
Además, frente a licencias que queden vacantes por renuncia, caducidad o baja, las asociaciones y empresas del sector podrían participar en la propuesta de nuevos prestadores, aunque la asignación continuaría en manos de la autoridad municipal.
El proyecto suma otro reclamo histórico: facilitar los viajes fuera de la jurisdicción local. Los representantes del sector sostienen que las limitaciones vinculadas con la Licencia Nacional de Conducir categoría D1 dificultan la realización de traslados interjurisdiccionales y piden que el municipio gestione las habilitaciones necesarias ante los organismos competentes.
Menos tasas y publicidad en los autos
El paquete de modificaciones también tiene un fuerte componente económico.
La propuesta solicita eximir a taxis y titulares del pago de la tasa de habilitación comercial de los vehículos, los costos municipales vinculados con la emisión y renovación de las licencias profesionales, la inspección vehicular y las tasas de desinfección, higiene y control.
También reclama una gestión del municipio ante el Gobierno provincial para avanzar sobre una exención del Impuesto Automotor de las unidades habilitadas.
A eso se suma la posibilidad de incorporar publicidad comercial tanto dentro como fuera de los taxis y en las paradas fijas. Los ingresos quedarían para los titulares de las licencias o las empresas del sector y, según la propuesta, no estarían alcanzados por las tasas municipales de publicidad y propaganda.
Finalmente, el proyecto habilitaría al Ejecutivo a celebrar convenios con organismos municipales y provinciales, la Cámara de Diputados, hospitales, la Universidad Nacional de La Pampa y establecimientos educativos, entre otros, para que los taxis puedan llevar a cabo traslados institucionales dentro y fuera de la provincia.
