"Un atropello total": denuncia que le labraron una multa falsa y que el propio sistema le impide defenderse
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EL DIARIO digital
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Tras la reciente presentación oficial encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto, quedó formalmente constituida y operativa la Mesa de Trabajo para la implementación y monitoreo del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de los Consumos Problemáticos.
El encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Cultural MEDASUR, reunió a referentes de distintas carteras gubernamentales y legisladores provinciales para articular los ejes rectores de una política pública diseñada para dar respuestas concretas al crecimiento de la demanda sanitaria.
Durante la apertura del encuentro, el subsecretario de Salud Mental, Martín Malgá, brindó definiciones políticas y técnicas sobre el alcance de la normativa. El funcionario explicó que el Plan constituye la herramienta operativa para aplicar durante los próximos dos años la Ley Provincial 3642 -con posibilidad de prórroga por igual período- y se estructura sobre pilares que son: inversión destinada a infraestructura hospitalaria y comunitaria, recursos humanos, articulación interministerial y un fuerte enfoque comunitario.
Una demanda creciente
El subsecretario fundamentó a los referentes de la Mesa la decisión política del Gobierno provincial de declarar la emergencia ante un escenario de crecimiento sostenido de las atenciones. Según detalló con datos oficiales, entre 2021 y 2025 las atenciones en guardias de salud mental crecieron un 82%, las internaciones aumentaron un 53% y las consultas ambulatorias un 40%.
Destacó el rol de los dispositivos de escucha y contención: las líneas gratuitas 132 y 136 ya acumulan más de 10.000 llamados, mientras que los equipos provinciales participaron en más de 600 intervenciones articuladas ante crisis y tentativas de suicidio desde septiembre de 2024 a la fecha.
"Es fundamental destacar que este incremento en las consultas del sistema no representa la demanda insatisfecha; sino que, refleja un aumento en la respuesta del Estado que sale al encuentro, desarrollando estrategias de cuidado para quienes lo están necesitando. Sin embargo, este esfuerzo se sostiene en un escenario nacional adverso, marcado por el recorte de programas sanitarios, el desfinanciamiento de políticas públicas y el desmantelamiento de equipos a nivel federal", dijo Malgá.
A esta compleja coyuntura se le suma el deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de poder adquisitivo, la suba de medicamentos y la migración de pacientes desde el subsector privado hacia la salud pública. Ante esta realidad que "evidencia una comunidad golpeada por el individualismo y la desprotección, respondemos con más Estado, solidaridad y articulación territorial, trabajando firmemente en la implementación de esta ley", explicó el funcionario.
