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EL DIARIO digital
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El proceso que definirá el futuro del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, ingresará en su tramo decisivo el próximo 10 de agosto. Ese día, desde las 9, comenzará la audiencia oral ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, organismo que deberá determinar si el magistrado continúa en funciones o es removido por presunto mal desempeño.
Según el cronograma previsto, las audiencias se desarrollarán durante aproximadamente una semana y la resolución podría conocerse antes de que finalice agosto. Díaz Lacava permanece suspendido en el ejercicio de sus funciones mientras se sustancia el proceso disciplinario.
La instancia oral se iniciará cuando la causa penal contra el magistrado ya fue elevada a juicio oral y público. Esa investigación, impulsada por los fiscales federales Iara Silvestre, Federico Iparraguirre y Horacio Azzolin, fue enviada a juicio por el juez federal Juan José Baric, al considerar que existen elementos suficientes para debatir los hechos en un proceso oral.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Christian Alejandro Zulli y Nicolás Mayoraz; y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Se trata de un procedimiento de carácter institucional que analiza la conducta de los magistrados y su desempeño en el ejercicio de la función. Para disponer la destitución de Díaz Lacava serán necesarios cinco de los siete votos del jurado. Si esa mayoría no se alcanza, la acusación será rechazada y el juez podrá retomar sus funciones.
Las denuncias
Durante el debate declararán testigos ofrecidos tanto por la acusación como por la defensa. Entre ellos se encuentran funcionarias y empleadas judiciales que denunciaron haber sufrido episodios de violencia laboral, hostigamiento, maltrato y abuso de autoridad mientras se desempeñaban en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
También fueron convocadas otras personas que, según la investigación, presenciaron parte de los hechos atribuidos al magistrado.
Las actuaciones se originaron a partir de denuncias formuladas por integrantes del propio tribunal, quienes describieron un clima laboral caracterizado por intimidaciones, gritos y humillaciones. De acuerdo con la acusación, varias de las trabajadoras debieron tomar licencias médicas como consecuencia de las situaciones denunciadas.
En el expediente también se incorporaron pericias realizadas por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constataron lesiones y afectaciones en la salud de algunas de las denunciantes.
Uno de los episodios más relevantes de la investigación ocurrió cuando Díaz Lacava tomó una piedra desde la vereda y la arrojó contra una ventana del edificio judicial. El proyectil ingresó en el despacho donde trabajaban dos secretarios y, según sus testimonios, pasó muy cerca de ellos. Durante su descargo, el juez reconoció ese hecho, aunque sostuvo que se trató de una "broma impropia". Para la acusación, en cambio, constituyó un acto de intimidación hacia el personal del tribunal.
La gravedad de las denuncias derivó además en el dictado de una medida cautelar destinada a proteger a funcionarios y empleados judiciales, restricción que continúa vigente.
Otro aspecto que otorga particular trascendencia institucional al proceso es que las denuncias no sólo fueron impulsadas por las presuntas víctimas, sino que también contaron con el respaldo de otros magistrados y funcionarios del Poder Judicial, una situación poco frecuente en este tipo de expedientes disciplinarios.
En septiembre comenzaría el juicio penal
Mientras el Jurado de Enjuiciamiento define la continuidad de Díaz Lacava como juez federal, la causa penal avanza de manera independiente.
El Tribunal Oral Federal que llevará adelante ese debate está integrado por los jueces Facundo Zapiola, José Fabián Asís y Sabrina Nammer. Actualmente el expediente se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba y se estima que el juicio oral comenzará durante la segunda quincena de septiembre.
En esa causa se investigan presuntos delitos de abuso de autoridad, amenazas, lesiones y distintos hechos de violencia y hostigamiento ocurridos durante el ejercicio de sus funciones.
La eventual decisión del Jurado de Enjuiciamiento no condicionará el trámite de la causa penal. Aunque el magistrado sea destituido o conserve su cargo, el proceso judicial continuará hasta determinar si existió responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.
