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EL DIARIO digital
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La concejala del PRO, Fernanda Oddi, explicó por qué su bloque acompañó la reforma de la ordenanza del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSU), a diferencia de la UCR. Señaló que lograron incorporar exigencias de control sobre la gestión del organismo y precisiones sobre el alcance de sus nuevas funciones, aunque cuestionó la rapidez con la que se debatió la iniciativa impulsada por el Ejecutivo municipal.
El voto de la concejala opositora fue clave para que el oficialismo aprobara el proyecto del intendente Luciano di Nápoli, ante la ausencia de dos ediles del bloque oficialista, que dejó en minoría, durante la sesión, al FreJuPa.
Oddi recordó que el PRO ya había anticipado que presentaría modificaciones al proyecto, aunque esperaba hacerlo después de escuchar las explicaciones del Ejecutivo en comisión.
"Ya habíamos adelantado que íbamos a proponer algunas modificaciones, pero queríamos escuchar al Ejecutivo el lunes en la comisión, hacer preguntas y sacarnos dudas. Lo que pasó es que inmediatamente después de que vino el Ejecutivo a dar explicaciones sacaron dictamen. No tuvimos otra comisión para poder discutir", afirmó.
Ante esa situación, relató que el bloque trasladó el debate a la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles por la mañana. "Planteé si esas modificaciones las podíamos discutir en la comisión de Labor Parlamentaria y eso fue lo que hicimos", explicó en CPEtv.
La edil sostuvo que la principal preocupación del PRO fue reforzar los mecanismos de control sobre el EMSU. "Para nosotros era clave introducir el informe de gestión junto con la Cuenta de Inversión", indicó.
Explicó que actualmente la Cuenta de Inversión llega al Concejo Deliberante, pero no ocurre lo mismo con un informe específico sobre el desempeño del ente. "Hoy viene la Cuenta de Inversión al Concejo, pero no viene el informe de gestión del ente porque no estaba previsto en la ordenanza. Como las rendiciones de los entes están demoradas, si eso no lo incluimos en la Cuenta de Inversión no tenemos ningún tipo de información", advirtió.
Según señaló, esa información resulta indispensable antes de ampliar las competencias del organismo. "No podemos habilitarle nuevas funciones ni una nueva gerencia a los entes si no tenemos un informe de gestión de cómo vienen funcionando", sostuvo.
Alcance de las nuevas funciones
Otro de los cambios impulsados por el PRO buscó delimitar con mayor precisión las tareas que asumirá el EMSU en materia de infraestructura.
"Quisimos que quedara claro que lo que se transfiere al ente es el mantenimiento de la red de agua potable y las reparaciones vinculadas a esa red. No las obras de ampliación de la red ni otras obras municipales", explicó.
Consultada por la decisión de la UCR de votar en contra del proyecto, Oddi evitó polemizar y sostuvo que ambas bancadas compartían varias de las críticas al tratamiento legislativo.
"No voy a hablar por la UCR. El concejal Diego Camargo explicó claramente su postura. A ellos no les pareció correcto el tratamiento ni la forma exprés en que se trabajó", dijo.
De todos modos, reconoció que el PRO también objetó la velocidad del debate. "Nosotros reconocemos que fue un tratamiento exprés. Incluso pedimos en Labor Parlamentaria que el expediente permaneciera en comisión para discutir estas modificaciones", señaló.
Sin embargo, explicó que el bloque decidió acompañar la iniciativa una vez incorporados algunos cambios. "Ante el hecho real de que la ordenanza iba a salir, preferimos proponer modificaciones para que saliera mejor. Son diferencias de criterio. Entendemos que el ente puede gestionar de manera diferente y brindar una mejor respuesta a los reclamos de los vecinos, por eso acompañamos el proyecto", afirmó.
No obstante, remarcó que ese respaldo estaba condicionado al fortalecimiento de los controles.
"Necesitamos garantías en cuanto al control para poder acompañar", resumió.
El conflicto con los trabajadores
Respecto de las críticas de la UCR por la situación de los trabajadores municipales y la falta de diálogo con los gremios, Oddi consideró que ese aspecto corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo.
"Son cuestiones que tiene que resolver quien contrata con el gremio. El Concejo Deliberante no tiene competencias para inmiscuirse en ese tema", sostuvo.
Precisó que tanto ella como el concejal Camargo consultaron a la secretaria de Gobierno, Carmina Besga, sobre las conversaciones con los sindicatos durante su exposición en comisión.
"Ella nos dijo que había estado en contacto con los gremios. Después ATE salió a desmentirlo. Eso lo sabrán ellos", comentó.
Finalmente, insistió en que las negociaciones laborales exceden las atribuciones del Poder Legislativo.
"Tenemos claro cuáles son las competencias del Legislativo y cuáles son las del Ejecutivo. Todo lo que tiene que ver con contratación de personal, paritarias, condiciones laborales y relación con los gremios son potestades del Departamento Ejecutivo, que será el que deba resolver esos temas", cerró.