La Pampa

Empresario prófugo por una estafa se entregó, pagó y quedó libre

El fiscal Matías Juan dio a conocer la resolución de la causa
El fiscal Matías Juan dio a conocer la resolución de la causa.
La maniobra fue denunciada en abril por una empresa de Intendente Alvear. Desde el 6 de mayo, el acusado tenía un pedido de captura nacional e internacional ordenado por el juez Gilardenghi. Este lunes se presentó en General Pico y fue sobreseído. 

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EL DIARIO digital

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Un empresario porteño que permanecía prófugo desde hacía más de dos meses por una causa de estafa contra una empresa agropecuaria de Intendente Alvear concretó este lunes un acuerdo reparatorio con la damnificada, se presentó ayer en la Fiscalía de General Pico, fue detenido, sobreseído y quedó en libertad.

El imputado es Rodrigo Peres Vieyra, de 39 años, domiciliado en el barrio Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires y titular de la firma La Olivia Agropecuaria SRL. La causa se inició a mediados de abril, a partir de una presentación judicial realizada por la empresa de agroquímicos Agrosyn América SA, que denunció una maniobra fraudulenta que le ocasionó un perjuicio económico inicial de 275.000 dólares.

El fiscal adjunto Matías Juan informó en declaraciones a InfoPico que el empresario se presentó voluntariamente este martes en los Tribunales de General Pico junto a su abogado defensor, Hernán Danzi, luego de que las partes alcanzaran el acuerdo que permitió poner fin al conflicto judicial.

La investigación estableció que el acusado había adquirido productos de Agrosyn América SA mediante la entrega de varios cheques de pago diferido que, cuando fueron presentados al cobro, resultaron rechazados por falta de fondos. Esos valores correspondían a cuentas de la firma Leterago SA y, de acuerdo con la pesquisa, el empresario conocía la situación de cesación de pagos de esa sociedad al momento de entregarlos a la firma alvearense.

La denuncia fue presentada por Hernán Linares, apoderado de la empresa damnificada, con el patrocinio legal del abogado Jorge Salamone.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el juez Alejandro Gilardenghi ordenó el 6 de mayo la captura nacional e internacional de Peres Vieyra. A partir de esa resolución se realizaron distintas diligencias para intentar localizarlo, entre ellas allanamientos tanto en la empresa como en su domicilio particular, aunque no fue posible dar con su paradero.

Acuerdo

Mientras el pedido de captura permanecía vigente, las partes mantuvieron negociaciones ininterrumpidas para resolver el conflicto. Según explicó el fiscal, ese proceso se desarrolló con una clara predisposición al diálogo por parte de los abogados Salamone, en representación de la querella, y Danzi, por la defensa.

Fruto de esas conversaciones, el 20 de julio se alcanzó un acuerdo reparatorio mediante el cual Peres Vieyra abonó 236.000 dólares a favor de Agrosyn América SA. Con ese pago, la empresa se dio por resarcida del daño patrimonial sufrido y prestó su conformidad para avanzar con una conciliación judicial.

Al día siguiente, el empresario se presentó voluntariamente en los Tribunales piquenses acompañado por su defensor. Debido a que el pedido de captura seguía vigente, primero se hizo efectiva su detención formal y, de inmediato, fue trasladado a una audiencia de formalización y conciliación ante el juez de Control en feria, Heber Pregno.

Durante esa audiencia, a pedido de la Fiscalía y con la total adhesión de la querella, el magistrado formalizó la investigación por el delito de estafa. Seguidamente homologó la conciliación, fundada en el pago voluntario de la suma acordada entre las partes, y tuvo por reparado el perjuicio económico ocasionado.

En la misma resolución, Pregno dictó el sobreseimiento de Peres Vieyra al comprobar además que no registraba antecedentes penales. Acto seguido ordenó su inmediata libertad y dispuso dar de baja el pedido de captura nacional e internacional que pesaba sobre él.

De esta manera, una causa iniciada a mediados de abril concluyó poco más de tres meses después con un acuerdo entre las partes, el sobreseimiento del imputado y la reparación integral del perjuicio económico sufrido por la empresa denunciante.

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