"Si la política no ofrece un futuro mejor, la resignación ocupa su lugar"
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EL DIARIO digital
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El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) publicó en el último Boletín Oficial una serie de edictos mediante los cuales intimó a adjudicatarios y presuntos herederos de viviendas sociales para que regularicen distintas situaciones de incumplimiento, bajo apercibimiento de rescindir los contratos y recuperar los inmuebles.
Las actuaciones alcanzan a viviendas ubicadas en Santa Rosa, Eduardo Castex, Trenel, Intendente Alvear y Luan Toro, y responden principalmente a dos tipos de irregularidades: falta de pago de las cuotas de amortización y ausencia de ocupación efectiva de las viviendas, una de las condiciones esenciales de los planes habitacionales.
El caso más avanzado corresponde a una vivienda del Plan FONAVI V, ubicada en la Manzana 2, Casa 7 de Santa Rosa. A través de la Resolución Nº 218/26, el IPAV rescindió el Acta de Tenencia Precaria otorgada a Olga Teresa Pracilio por incumplimiento en el pago de las cuotas y autorizó la toma inmediata de posesión del inmueble.
En paralelo, el organismo inició procedimientos administrativos contra adjudicatarios que no estarían habitando las viviendas de manera permanente. Uno de los casos corresponde a una vivienda del Plan FONAVI BIRF XLIV de Intendente Alvear, cuyos titulares deberán presentar un descargo para justificar la falta de ocupación. Una situación similar involucra a los adjudicatarios de una vivienda del Plan 3000 Viviendas de Santa Rosa.
La mayor parte de los edictos, sin embargo, están dirigidos a presuntos herederos de adjudicatarios fallecidos. El objetivo es que comparezcan ante el organismo para regularizar la situación de las viviendas, asumir las obligaciones pendientes y acreditar su derecho a continuar con la adjudicación.
Las intimaciones alcanzan a herederos de viviendas ubicadas en Santa Rosa —correspondientes a los planes RUCA, Techo Digno y Plan XXV—, Eduardo Castex, Trenel y Luan Toro. En algunos expedientes, como el de una vivienda de Trenel, el IPAV advirtió además que podría iniciar acciones judiciales en caso de persistir el incumplimiento.
En todos los casos, el organismo otorgó un plazo de diez días hábiles, contados desde la última publicación de los edictos, para que los interesados comparezcan, presenten la documentación correspondiente o ejerzan su derecho de defensa.
De no regularizarse las situaciones observadas, el IPAV podrá avanzar con la rescisión de los actos de adjudicación y recuperar las viviendas para incorporarlas nuevamente al sistema provincial de adjudicación.
