El pacto de silencio, la impunidad del fútbol y el valor de romper la complicidad
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La Cámara de Diputados de La Pampa avanza en el tratamiento de dos proyectos de ley que buscan introducir reformas clave en la legislación vigente sobre el funcionamiento y control de las residencias de larga estadía. La iniciativa central plantea flexibilizar el límite de edad actual, abriendo la posibilidad de que personas menores de 60 años puedan ser admitidas de manera excepcional bajo estrictas condiciones operativas.
La propuesta apunta a humanizar la normativa ante la creciente demanda de cuidados y la compleja coyuntura socioeconómica regional.
En diálogo con InfoPico Radio, el director de Adultos Mayores de la provincia, Emiliano Moreno, brindó precisiones sobre el espíritu de la reforma y aclaró que el objetivo primordial es evitar el desarraigo de pacientes vulnerables. Actualmente, el marco regulatorio establece que estos establecimientos son de uso exclusivo para personas que superen los 60 años de edad.
"El eje de la cuestión está más que nada en el artículo que se desea modificar, el cual establece una excepción en la cual puedan ingresar personas menores de 60 años a una residencia, más que nada por cuestiones de desarraigo", explicó el funcionario.
La modificación bajo análisis busca dar respuesta a casos específicos donde un ciudadano menor a la edad jubilatoria requiera de asistencia especializada de forma permanente y su entorno familiar directo ya no cuente con las herramientas económicas o físicas para sostenerlo en el hogar. Con esto, se busca impedir que el paciente deba abandonar su localidad de origen hacia centros urbanos mayores por la falta de dispositivos intermedios de salud en su pueblo.
Un tope del 20%
Para evitar que los establecimientos desvirtúen su función principal, el proyecto de ley establece un límite riguroso. Las autorizaciones excepcionales para menores de 60 años no podrán superar, en ningún caso, el 20% del cupo total de camas habilitadas en cada residencia.
"La idea siempre es poder respetar el principio general y evaluar distintas circunstancias excepcionales", argumentó Moreno. Y reconoció que, desde una perspectiva estrictamente gerontológica, salir del principio general genera debates, pero enfatizó que «una regla rígida torna injusta una situación en particular. Una ley puede estar bien para la gran mayoría de la población, pero en un caso concreto para una persona puede ser injusta».
El contexto de la demanda
El debate legislativo se da en un escenario de fuerte vulnerabilidad para el sector pasivo. Moreno advirtió que La Pampa atraviesa las consecuencias de una profunda crisis económica, donde los adultos mayores enfrentan una marcada pérdida de poder adquisitivo frente al costo de medicamentos, alimentos y servicios de asistencia.
La provincia cuenta hoy con 62 residencias habilitadas de manera oficial, lo que representa una disponibilidad de entre 900 y 1.000 camas en todo el territorio, número que se encuentra en alza debido a recientes aperturas.
Ante el envejecimiento poblacional, los municipios buscan generar sus propias respuestas. Tras la reciente inauguración de un centro en Villa Mirasol, localidades como Bernardo Larroudé avanzan con proyectos similares en carpeta.
Para abaratar costos y garantizar el acceso, se apela a un formato mixto. El Estado provincial o municipal financia y adecúa ediliciamente la infraestructura bajo normas sanitarias, y luego la concesiona a prestadores privados para que brinden los servicios a tarifas más accesibles.
Finalmente, el titular del área de Adultos Mayores indicó que los proyectos de ley también incorporan modificaciones instrumentales y aclaratorias surgidas de la experiencia de las fiscalizaciones diarias en el terreno, manifestando la total predisposición del Ejecutivo para lograr un pronto consenso con los diferentes bloques legislativos.
