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EL DIARIO digital
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La discusión en torno al proyecto de loteo impulsado en tierras del Santa Rosa Rugby Club sumó este miércoles una segunda y crucial jornada de Audiencia Pública. El recinto del Concejo Deliberante se convirtió en el epicentro de un debate donde volvieron a tensionarse los modelos de desarrollo urbano, los intereses económicos y las alertas de sustentabilidad ambiental sobre el recurso hídrico más importante de la región: el acuífero Anguil-Santa Rosa.
Un interesado directo a favor del proyecto
La ronda de exposiciones fue abierta por el ingeniero agrónomo Víctor Sesma, asesor fitosanitario externo inscripto en Recursos Naturales. Su intervención sumó una particular relevancia, dado que el propio profesional es propietario de tierras en el sector en debate y, por ende, es un interesado directo en el avance de la urbanización.
Sesma recogió el guante frente a los planteos de quienes rechazan de plano la iniciativa, apuntando directamente contra la postura del exintendente Leandro Altolaguirre. "Entre tanta vapuleada se confunde a la población. El 'no por el no' no existe; la Facultad de Agronomía nos preparó para solucionar problemas", esgrimió. El profesional defendió el proyecto argumentando la necesidad de expandir la ciudad: "Santa Rosa tiene menos habitantes porque se fueron para Toay. Da impotencia ver el corredor de la Ruta 35 y que no haya nada. Todo se puede hacer, pero hay que hacer proyectos responsables para solucionar problemas y aunar conocimientos".
Alerta ambiental por daños "irreversibles"
La contracara del debate llegó de la mano de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Su representante, Néstor Lastiri, centró el eje de su discurso en la necesidad imperiosa de resguardar la calidad y cantidad del agua subterránea para evitar un impacto ecológico que no tendrá retorno.
"Cualquier daño al recurso es irreversible y no se recupera. No es un planteo ideológico ni sectorial, es un planteo de sustentabilidad y supervivencia hídrica y ambiental", sentenció Lastiri, trazando un paralelismo con las luchas que la asamblea lleva adelante en defensa de otros sistemas hídricos. En ese sentido, la organización propuso mantener y profundizar las restricciones normativas vigentes, advirtiendo que "esperar a que el daño ocurra y sea evidente es llegar tarde".
El pedido de la Caja Forense
Hacia el final del bloque de la tarde, el abogado Rodrigo Villa expuso los fundamentos de la Caja Forense. El representante aclaró de entrada que la presentación de la entidad "no es ni una adhesión ni una impugnación, sino una precisión sobre las reglas del juego", remarcando que el desarrollo urbano sobre el acuífero es viable siempre y cuando se respete a rajatabla la normativa actual y el Código Urbano.
No obstante, Villa le reclamó "coherencia" al cuerpo deliberativo local y solicitó formalmente que el proyecto sea girado a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia antes de proceder a cualquier votación. "Nadie está pidiendo que se apruebe nada a ciegas. Cualquier decisión aquí excede a la ciudad y al departamento Capital porque hay más localidades involucradas", advirtió. Asimismo, dejó sentada una postura clave para el debate técnico-político: "Si la estación de servicio pudo aprobarse, este proyecto también puede analizarse".
La jornada continuaba con las ponencias de representantes sindicales, de la Cámara de Comercio y el informe del geólogo Gustavo Fábregas, responsable de uno de los estudios de impacto ambiental presentados por el club organizador.