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EL DIARIO digital
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La discusión en torno al proyecto de loteo impulsado en tierras del Santa Rosa Rugby Club sumó este miércoles una segunda y crucial jornada de Audiencia Pública. El recinto del Concejo Deliberante se convirtió en el epicentro de un debate donde volvieron a tensionarse los modelos de desarrollo urbano, los intereses económicos y las alertas de sustentabilidad ambiental sobre el recurso hídrico más importante de la región: el acuífero Anguil-Santa Rosa.
Un interesado directo a favor del proyecto
La ronda de exposiciones fue abierta por el ingeniero agrónomo Víctor Sesma, asesor fitosanitario externo inscripto en Recursos Naturales. Su intervención sumó una particular relevancia, dado que el propio profesional es propietario de tierras en el sector en debate y, por ende, es un interesado directo en el avance de la urbanización.
Sesma recogió el guante frente a los planteos de quienes rechazan de plano la iniciativa, apuntando directamente contra la postura del exintendente Leandro Altolaguirre. "Entre tanta vapuleada se confunde a la población. El 'no por el no' no existe; la Facultad de Agronomía nos preparó para solucionar problemas", esgrimió. El profesional defendió el proyecto argumentando la necesidad de expandir la ciudad: "Santa Rosa tiene menos habitantes porque se fueron para Toay. Da impotencia ver el corredor de la Ruta 35 y que no haya nada. Todo se puede hacer, pero hay que hacer proyectos responsables para solucionar problemas y aunar conocimientos".
Alerta ambiental por daños "irreversibles"
La contracara del debate llegó de la mano de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Su representante, Néstor Lastiri, centró el eje de su discurso en la necesidad imperiosa de resguardar la calidad y cantidad del agua subterránea para evitar un impacto ecológico que no tendrá retorno.
"Cualquier daño al recurso es irreversible y no se recupera. No es un planteo ideológico ni sectorial, es un planteo de sustentabilidad y supervivencia hídrica y ambiental", sentenció Lastiri, trazando un paralelismo con las luchas que la asamblea lleva adelante en defensa de otros sistemas hídricos. En ese sentido, la organización propuso mantener y profundizar las restricciones normativas vigentes, advirtiendo que "esperar a que el daño ocurra y sea evidente es llegar tarde".
El pedido de la Caja Forense
Hacia el final del bloque de la tarde, el abogado Rodrigo Villa expuso los fundamentos de la Caja Forense. El representante aclaró de entrada que la presentación de la entidad "no es ni una adhesión ni una impugnación, sino una precisión sobre las reglas del juego", remarcando que el desarrollo urbano sobre el acuífero es viable siempre y cuando se respete a rajatabla la normativa actual y el Código Urbano.
No obstante, Villa le reclamó "coherencia" al cuerpo deliberativo local y solicitó formalmente que el proyecto sea girado a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia antes de proceder a cualquier votación. "Nadie está pidiendo que se apruebe nada a ciegas. Cualquier decisión aquí excede a la ciudad y al departamento Capital porque hay más localidades involucradas", advirtió. Asimismo, dejó sentada una postura clave para el debate técnico-político: "Si la estación de servicio pudo aprobarse, este proyecto también puede analizarse".
Un gremio, en contra
En representación del SITRASSAP, Mirta Viola expuso: "El agua es un recurso vital, es un derecho humano y garantiza la supervivencia humana. Consideramos de vital importancia incorporar datos del INDEC que comparan el año 2016 con el 2025 en lo que respecta al acceso a todos los servicios. En 2016 la cobertura alcanzaba al 92%, mientras que en 2025 bajó al 82%. El acceso al agua de red también descendió. De este modo, se amplía la brecha de hogares sin agua potable, con los graves riesgos para la salud que esto trae aparejado".
En el mismo sentido, la dirigencia gremial cuestionó los pasos administrativos del proyecto: "No ha sido presentado hasta ahora el estudio de impacto ambiental y nos atenemos al principio de que los riesgos ambientales no pueden ser dimensionados si no se cuenta con esa herramienta. Consideramos que se debe preservar el bien colectivo. El acuífero está en condiciones de proveer solo el 45% del agua a la ciudad. Para el SITRASSAP, establecer una urbanización en la zona de recarga sería un peligro, y consideramos que se debe evitar el poblamiento en ese sector, tanto para el pedido actual como para los posibles siguientes que se puedan solicitar en el futuro".
Cámara de Comercio, a favor
En representación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), Rosalyn Valenzuela expresó el apoyo de la entidad a todo proyecto que implique crecimiento productivo: "Apoyamos todo proyecto que signifique desarrollo, siempre y cuando esos emprendimientos incorporen el estricto control de los recursos hídricos. Proponemos un desarrollo urbano que respete la cuestión ambiental y, para garantizarlo, impulsamos la creación del Consejo Permanente de Control del Acuífero. El objetivo de este organismo será que la sociedad perciba claramente que la expansión se realiza de manera responsable".
En cuanto al funcionamiento de la entidad propuesta, la referente sectorial detalló: "Proponemos que ningún sector de los que se incorporen cuente con mayoría propia y que ningún proyecto pueda avanzar sin pasar previamente por la evaluación de este Consejo. De este modo, se haría un monitoreo permanente tanto del consumo como de la tasa de recarga del recurso. No podemos seguir diciéndoles a nuestras próximas generaciones que las cosas no se pueden hacer; tenemos que demostrarles que, si las cosas se hacen bien, articulando de manera eficiente el control entre lo público y lo privado, se puede propiciar el desarrollo de la ciudad".
UTT, por una alternativa
A su turno, Iñaki Esponda, integrante de la UTT Santa Rosa, manifestó: "Hoy se propone avanzar sobre zonas vinculadas al acuífero y se nos quiere imponer una doble dicotomía: que quienes nos oponemos a estos emprendimientos nos oponemos al desarrollo. Estos proyectos no facilitarán el acceso a la tierra, sino que aumentan la concentración. Nuestra posición no es únicamente ambiental; es urbanística, social y política, porque apunta al modelo de ciudad que hoy se fomenta, caracterizado por una expansión guiada por la lógica del negocio inmobiliario".
En ese mismo sentido, el referente social profundizó sobre las alternativas de planificación local: "Si no discutimos el fondo de la cuestión, este proyecto será uno más de una larga serie. No estamos acá solo para rechazar esta iniciativa, estamos aquí para proponer alternativas. Existen herramientas que permiten a los municipios intervenir de manera eficiente en el uso del suelo urbano. El debate de fondo es qué tipo de ciudad queremos construir".
Finalmente, concluyó remarcando la necesidad de una mirada equitativa sobre el territorio: "La defensa del ambiente no debe ser selectiva. Entendemos que Santa Rosa debe dejar atrás este esquema y avanzar firmemente hacia un modelo de ciudad justo y sustentable".
Fabregas
Posteriormente fue el turno de Gustavo Fábregas, quien fue convocado por el fideicomiso para determinar el riesgo hídrico y geológico: "Propusimos que nuestro estudio fuera imparcial y así es como realizamos cada una de las evaluaciones. Este proyecto se aloja en un valle transversal entre dos mesetas calcáreas, cuyo eje central absorbe la zona de recarga del acuífero en un área medanosa. Específicamente, la iniciativa se emplaza una parte en la meseta y otra parte en el pie de monte".
Respecto a los aspectos metodológicos y técnicos del informe, el especialista detalló: "Realizamos simulaciones para determinar la permeabilidad sobre el hidroapoyo y ensayos de absorción a partir del funcionamiento de la planta de compactación. El nivel freático se encuentra a 24 metros de profundidad. En base a esto, determinamos que era mejor implementar biodigestores domiciliarios en vez de una planta de compactación, una alternativa que además favorece la vegetación".
Para finalizar, el geólogo analizó el impacto real sobre el suelo estableciendo una comparación entre ambos márgenes de la Ruta Nacional 5: "Este proyecto está ubicado en una zona de baja recarga. Los valores de impermeabilización son mínimos y, por lo tanto, la interferencia con la recarga también es mínima. Además, el proyecto no prevé perforaciones, algo que en su defecto dependerá de la autoridad de aplicación. Concluimos que este emprendimiento no va a arruinar ni a agravar la situación del acuífero".
