El Tribunal de Cuentas reclama más de 236 millones de pesos a la Fundación "Cambiando Vidas"

En una decisión de una magnitud financiera casi sin precedentes, la Sala I del Tribunal de Cuentas de La Pampa (TdC) dictó el pasado 29 de mayo de 2026 seis sentencias condenatorias contra las autoridades de la Fundación "Cambiando Vidas".

Las resoluciones exigen la devolución solidaria de una suma total que asciende a $236.804.135,12, tras detectar un desmanejo administrativo sistémico y el desvío de fondos que debían destinarse a la contención de niños y adolescentes vulnerables bajo el programa INAUN (Ir Juntos).

Las sentencias, identificadas del número 1603 al 1608, recaen sobre la responsabilidad personal y solidaria de la cúpula directiva: Jonatan Gabriel Coria (presidente), Alexia Andrea Márquez (secretaria) y Matías Germán Stemphelet (tesorero).

Un festival de irregularidades: Sueldos ilegales y facturas "fantasmales"

El núcleo de las irregularidades detectadas por las auditorías se divide en dos grandes grupos: el cobro de haberes prohibidos por ley y un desorden documental que impide trazar el destino real del dinero público.

Sueldos ilegales para los fundadores: En las sentencias 1604 y 1605, el TdC rechazó gastos por más de $9,6 millones destinados al pago de sueldos y horas extras para Coria, Márquez y Stemphelet. El Tribunal fue tajante al recordar que las fundaciones son instituciones de fines altruistas y que la legislación vigente prohíbe expresamente que sus autoridades perciban remuneración por sus cargos.

Se subrayó que permitir que los propios fundadores se favorezcan económicamente "destruiría el espíritu y razón de ser" de una organización sin fines de lucro, desnaturalizando su objeto social.

Documentación deficiente e ilegible: Las auditorías revelaron el uso de comprobantes que no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia. Se detectaron facturas ilegibles, incompletas y emitidas a nombre de personas físicas ajenas a la institución.

Falta de comprobación de pagos: Se observaron millonarias sumas en tickets con condiciones de venta bajo "cuenta corriente", "tarjeta de débito" o simplemente "otra", sin que la fundación pudiera demostrar la inexistencia de deuda o el efectivo desembolso de los fondos desde sus arcas.

Gastos sin respaldo y firmas faltantes: Un punto crítico fue la detección de más de $7,1 millones en recibos de sueldo que no contaban con la firma de los empleados, lo que invalida cualquier intento de rendición. Asimismo, se rechazaron gastos de combustible por no presentar la documentación técnica obligatoria y facturas de proveedores como "Open Sport" o "Bruno Ana Paula" donde ni siquiera se especificaba el concepto facturado.

Giro total sin rendición: Lo más alarmante surge de las sentencias 1603, 1606, 1607 y 1608, donde el Tribunal formuló cargos por la totalidad de los subsidios recibidos (sumas de 50 y 63 millones de pesos cada uno) debido a que la institución directamente no presentó la rendición de cuentas documentada en los plazos legales.

La búsqueda de los responsables: Domicilios "inexistentes" y citación por edictos

Uno de los capítulos más complejos del proceso fue la notificación de los implicados. Según consta en los expedientes, los múltiples intentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y del TdC para dar con Coria, Márquez y Stemphelet resultaron infructuosos en una primera instancia.

Los informes de las cédulas de notificación indicaron que los responsables ya no residían en las direcciones denunciadas o, en casos más graves, que los domicilios oportunamente consignados resultaron ser "inexistentes". En otros expedientes, aunque se lograron entregar cédulas en domicilios de Santa Rosa y Toay a terceros, los directivos nunca comparecieron ante el organismo.

Ante este escenario, y para garantizar el derecho a defensa y el debido proceso, el Tribunal debió recurrir a la citación mediante edictos públicos. A pesar de esta instancia legal, los responsables no se presentaron ni brindaron justificación alguna sobre el uso de los más de 236 millones de pesos observados.

Sanciones y ultimátum: Plazo de diez días antes de la vía judicial

El fallo del Tribunal de Cuentas es contundente. Ha emplazado a Coria, Márquez y Stemphelet para que, en un plazo máximo de diez días, depositen la totalidad del dinero en la cuenta corriente del organismo en el Banco de La Pampa.

El incumplimiento de este depósito activará de inmediato la intervención de la Fiscalía de Estado, que iniciará las acciones legales para el cobro ejecutivo de los fondos. Además, la gravedad de los hallazgos (incluyendo antecedentes previos de 2025 por compra de bebidas alcohólicas con fondos públicos y mecanismos similares de desvío) ha generado que el caso trascienda la esfera administrativa, motivando ya pedidos de informes en la Cámara de Diputados provincial.

Esta serie de sentencias del 29 de mayo cierra un círculo de sospechas sobre la Fundación "Cambiando Vidas", cuya gestión ha quedado marcada por la opacidad documental y la presunta despatrimonialización del Estado en perjuicio de las políticas de protección a la niñez pampeana.

Las sentencias dictadas el 29 de mayo se suman a dos informes previos que ya habían expuesto el manejo irregular de la Fundación Cambiando Vidas. En el primero de ellos, publicado a principios de mayo de 2026, el Tribunal de Cuentas reclamó la devolución de 33 millones de pesos correspondientes a fondos recibidos en 2023, tras detectar que los directivos Jonatan Coria, Alexia Marquez y Matías Stemphelet percibieron sueldos y horas extras de forma ilegal, además de realizar gastos prohibidos como la compra de bebidas alcohólicas con dinero público.

Poco después, un segundo informe de junio de 2026 detalló otras seis sentencias (N° 1448 a 1453) por un cargo total de casi 42 millones de pesos ($41.748.032,22) vinculado a subsidios de 2024.

En este caso, las auditorías reiteraron el hallazgo de pagos ilícitos a los fundadores, junto con un desorden administrativo crónico que incluía facturas duplicadas, comprobantes ilegibles y falta de respaldo documental en gastos de combustible, consolidando un patrón de desvío de recursos destinados a la niñez para el beneficio personal de sus autoridades.