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EL DIARIO digital
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La Mesa Intersindical de La Pampa presentó este martes una impugnación formal contra la convocatoria a la audiencia pública prevista para el 16 de junio, en la que se analizará el proyecto de ampliación del ejido urbano sobre el acuífero que comparten Santa Rosa, Toay, Anguil y Catriló.
La presentación fue dirigida a la Presidencia y los bloques del Concejo Deliberante de Santa Rosa y quedó incorporada al expediente del proyecto urbanístico impulsado para incorporar el Área de Urbanización Prioritaria (AUP). Se suma al pedido de postergación que hizo la semana pasada la Fundación Chadileuvú.
En el escrito, al que tuvo acceso El Diario, las organizaciones sindicales sostienen que la convocatoria contiene requisitos que hace que resulete "violatoria del derecho constitucional a la participación ciudadana, del derecho a un ambiente sano y de la normativa vigente en materia de participación ambiental".
Además, advierten que el proyecto se desarrolla sobre una zona de especial sensibilidad ambiental. "La incorporación del Área de Urbanización Prioritaria (AUP) ubicado sobre el acuífero Toay, Santa Rosa, Anguil, con exigencias o requisitos limitantes a la participación pone en riesgo para la generación presente y las futuras un elemento esencial para la vida humana", señalaron.
La Intersindical cuestionó especialmente las condiciones establecidas para participar de la audiencia pública. Según indicaron, la convocatoria exige requisitos que no están contemplados en la legislación vigente.
"Impone requisitos no previstos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y leyes aplicables al exigir requisitos tales como idoneidad técnica, antecedentes penales, domicilio local e inscripción limitada para participar de una audiencia pública", afirmaron.
El documento recuerda que el régimen jurídico de las audiencias públicas habilita la participación de toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo o un derecho de incidencia colectiva, sin condicionamientos de ese tipo.
"Es esencial que se garantice el derecho a la participación ciudadana. La exigencia de determinados requisitos desnaturaliza la audiencia pública y afecta la debida participación abierta y plural y la transparencia en la toma de decisiones estatales", remarcaron.
Asimismo, sostuvieron que las exigencias incorporadas "restringen injustificadamente la participación ciudadana" y que resultan "arbitrarias y contrarias a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Ley General del Ambiente, el Código de Aguas de La Pampa y el Acuerdo de Escazú".
El pedido
En el petitorio, la Mesa Intersindical solicitó que se deje sin efecto la convocatoria en las condiciones actuales y reclamó una nueva audiencia.
Entre los puntos planteados, pidieron que la nueva convocatoria se realice "con posterioridad al Mundial de fútbol para garantizar participación ciudadana amplia e irrestricta" y que se publique con antelación toda la documentación vinculada al proyecto, incluidos los informes de impacto ambiental.
La presentación lleva las firmas de dirigentes de distintos gremios que integran la Mesa Intersindical, entre ellos Fernando Baigorria (SITRASAP), Néstor Chazarri (ATE), Julio Acosta (Luz y Fuerza), Susana Funes (SITRAJ), Mario César Vásquez (SOEM) y Claudio García (Sindicato Vial Provincial).
