Condenan al Banco Nación por una estafa virtual y confirman una multa
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EL DIARIO digital
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El juez de audiencia Marcos Sacco declaró la autoría y responsabilidad penal de un joven por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra un niño de su barrio, cuando la víctima tenía entre 10 y 12 años de edad. Los hechos ocurrieron en cuatro oportunidades durante 2017 y 2018.
El fallo encuadró la conducta en los términos del artículo 119, primero y tercer párrafo del Código Penal, en el marco del régimen penal juvenil previsto por la Ley Provincial 3.353 y la Ley Nacional 22.278, dado que el imputado era menor de edad al momento de los hechos.
En lugar de una pena privativa de la libertad, el juez dispuso un conjunto de medidas cautelares y socioeducativas por el plazo de un año, conforme a la normativa aplicable a adolescentes. Entre ellas se establecieron la obligación de someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico, acreditar actividad laboral, fijar y mantener actualizado su domicilio, y cumplir una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima por cualquier medio.
El seguimiento del cumplimiento de estas medidas quedó a cargo de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que deberá presentar informes mensuales ante la Justicia.
El proceso
Los hechos salieron a la luz años después, cuando la víctima —ya con 18 años— decidió hacer la denuncia tras contar lo ocurrido a la directora de su colegio secundario. A partir de ese momento, la investigación fiscal reunió declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y médico-forenses, y evidencia material que el tribunal consideró suficiente para alcanzar la certeza requerida para una condena.
Durante el juicio oral, que se desarrolló el 13 y 14 de mayo pasados, la defensa planteó la nulidad de la acusación por considerar que la descripción temporal de los hechos era imprecisa, y solicitó subsidiariamente la absolución por duda razonable. El juez rechazó ambas peticiones.
El magistrado valoró el testimonio de la víctima como prueba central, en línea con estándares internacionales de derechos humanos que reconocen el especial valor probatorio de la declaración de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, delitos que por su naturaleza ocurren sin testigos directos. Ese relato fue respaldado por informes periciales psicológicos y médico-forenses, el testimonio de la madre del damnificado, de la directora del colegio, y por la evidencia fotográfica del lugar de los hechos.
