El Consejo de Unidades Básicas envía un mensaje de alineamiento puro con Ziliotto
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EL DIARIO digital
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La Fundación Pensar insistió en su posicionamiento críticos frente al Control Automático de Bases Imponibles (CABI) que implementó el gobierno provincial y que defendió el ministro de Hacienda y Finanzas Guido Bisterfeld.
"El gobierno defiende el sistema, nosotros defendemos a los contribuyentes", advirtió la Fundación Pensar, asociada en su tarea política al PRO. "Ministro, no mienta más", chicanearon en un documento desde ese espacio.
Para la Fundación Pensar, "la respuesta del Ministro confirma exactamente lo que venimos denunciando".
Según la entidad vinculada al PRO, "ante las críticas que hemos formulado respecto del sistema C.A.B.I. (Control Automático de Bases Imponibles), el ministro de Hacienda decidió descalificar los cuestionamientos atribuyéndolos a un supuesto desconocimiento técnico y no respondió a las preguntas de fondo".
La Fundación aclaró que "no discutimos las nuevas herramientas tecnológicas, ni la digitalización de los procesos, ni la modernización del Estado. Lo que discutimos son las consecuencias concretas que miles de contribuyentes están sufriendo como resultado de una herramienta que fue diseñada sin contemplar adecuadamente la realidad económica de quienes producen, trabajan e invierten en La Pampa".
"Si el sistema es tan eficiente como sostiene el Gobierno, ¿por qué cientos de contribuyentes debieron volver a tramitar certificados que ya tenían vigentes?", interrogó un documento de la organización.
"¿Por qué numerosos productores, comerciantes y profesionales debieron destinar tiempo y recursos para justificar diferencias generadas por parámetros definidos unilateralmente por la Dirección General de Rentas? ¿Por qué las entidades profesionales y numerosos asesores tributarios manifestaron objeciones técnicas al funcionamiento del sistema?", insistieron en sus preguntas públicas desde la Pensar.
Se quejaron porque "el ministro afirma que el CABI no tiene fines recaudatorios" pero "la realidad indica que muchos contribuyentes encuentran dificultades para obtener Certificados de Cumplimiento Fiscal; se complejizaron trámites de compensación de saldos a favor; existen obstáculos para realizar bajas impositivas y otros trámites administrativos; se obliga al contribuyente a justificar presunciones generadas por el propio Estado".
"Eso tiene consecuencias económicas concretas. No es una discusión académica. Es una discusión sobre trabajo, producción y libertad económica. Resulta llamativo que el Gobierno celebre que más de 2.100 contribuyentes hayan tenido que corregir su situación fiscal como si ello constituyera una prueba de éxito del sistema", insiste la entidad.
"Para nosotros, la verdadera pregunta es otra: "¿Cuántos de esos contribuyentes fueron obligados a corregir declaraciones simplemente para poder seguir operando, obtener certificados o evitar demoras burocráticas? Corresponde al Estado fundar adecuadamente sus observaciones, sin trasladar injustificadamente cargas administrativas al contribuyente. No al revés", advirtió el documento.
"Ese es el punto central que el ministro evita responder. Nuestro planteo es simple: la tecnología debe estar al servicio del contribuyente y no el contribuyente al servicio de la tecnología", remarcó la Fundación.
"Por eso seguiremos impulsando en la Legislatura Provincial el pedido de informes presentado por el diputado Enrique Juan y reclamando la apertura de una mesa técnica con participación de profesionales, cámaras empresarias y sectores productivos para revisar integralmente el sistema. Porque controlar no es perseguir. Modernizar no es burocratizar. Y recaudar no puede transformarse en un obstáculo para producir", completó.
