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Empresario santarroseño denunció una estafa millonaria con autos en Villa Mercedes

El comerciante de automotores, quien forjó su capital original en Santa Rosa y se marchó de la provincia, recurrió ahora a la Justicia de San Luis. Asegura que le vendieron 18 vehículos en consignación y nunca le entregaron los fondos.

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EL DIARIO digital

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Elías Demetrio, el conocido y controvertido empresario del rubro automotor que dejó su huella en el mercado local antes de radicarse en otra provincia en medio de múltiples señalamientos, volvió a quedar en el centro de la escena judicial, aunque esta vez en el rol de denunciante. El titular de "Elias Automotores" radicó una presentación formal ante los tribunales de Villa Mercedes, San Luis, por una presunta estafa y asociación ilícita que, según sus estimaciones, supera la cifra de los 600 millones de pesos.

La denuncia principal apunta contra el abogado y piloto de rally Pascual Celdrán, a quien Demetrio acusa junto a otras seis personas de haber participado en una maniobra delictiva coordinada.

De acuerdo con lo expresado por el empresario, el conflicto se originó durante el año 2025, cuando entregó una flota de 18 vehículos bajo la modalidad de consignación tras haber recibido una propuesta para abrir una nueva agencia de automóviles.

Sin embargo, el denunciante afirmó que los rodados fueron vendidos a terceros sin que él percibiera el dinero correspondiente por las operaciones, lo que motivó el pedido judicial de secuestro inmediato de todas las unidades.

Cheques rechazados

La causa, que ya genera un fuerte impacto en los ámbitos judicial y comercial de la vecina provincia, incluye acusaciones explícitas hacia otros involucrados.

Según consta en la documentación que ilustra la denuncia, en el expediente aparecen mencionados Miguel Ramírez, Brian Torres, Diego Pochetti, Francisco Pochetti, Franco Flores y Franco Vinuesa, aclarándose que este último ya fue desvinculado públicamente de las maniobras a través de su representación legal.

El excomerciante santarroseño solicitó formalmente que la Justicia investigue la existencia de una presunta asociación ilícita para damnificarlo. Para sostener su postura, aportó pruebas vinculadas a operaciones irregulares y una serie de cheques rechazados que habrían formado parte de la ingeniería comercial desplegada por los acusados.

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