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EL DIARIO digital
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La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) lanzó una dura advertencia contra el proyecto de ley impulsado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el bloque de La Libertad Avanza en el Senado: aseguran que la iniciativa abre la puerta a una fuerte concentración del negocio energético y pone en riesgo la supervivencia de las plantas pymes del interior, entre ellas dos radicadas en La Pampa.
La propuesta, presentada el pasado 14 de mayo bajo el expediente S-809/26, plantea reemplazar la actual Ley 27.640 por un nuevo régimen de desregulación del mercado de biocombustibles por 15 años. Aunque el discurso oficial habla de "modernización" y "libre competencia", desde CEPREB sostienen que en realidad se trata de un esquema diseñado para beneficiar a grandes aceiteras y petroleras, dejando fuera de juego a las pequeñas y medianas empresas regionales.
En La Pampa funcionan actualmente dos plantas vinculadas al sector. Una es Pampa Bio, ubicada en General Pico y perteneciente al grupo Lartirigoyen, con capacidad para producir 150 toneladas diarias de combustible. La otra es Enresa (Energía Renovable S.A.), instalada en Catriló y operada por la firma Gente de La Pampa, dedicada exclusivamente a energías renovables y proveedora de las principales petroleras del país.
Un negocio concentrado
El proyecto propone aumentar los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiesel y bioetanol, pero el núcleo de la discusión pasa por quiénes controlarán ese mercado.
La iniciativa elimina el actual sistema estatal de regulación de precios y habilita el ingreso pleno de grandes empresas integradas, es decir, compañías aceiteras que producen su propia materia prima y que hasta ahora tenían limitaciones para participar del mercado interno destinado a las pymes.
Además, incorpora el denominado "co-procesamiento", que permitiría a las petroleras elaborar combustibles renovables dentro de sus propias refinerías y contabilizarlos como parte de la mezcla obligatoria. Para las pymes, eso equivale a entregarles directamente una porción del mercado a gigantes como YPF o Raízen.
La mayor preocupación de CEPREB está en el artículo 38 del proyecto, que establece una reducción progresiva del cupo reservado para las pequeñas productoras.
Actualmente, las pymes abastecen el 7,5% del corte obligatorio de biodiesel. Con la reforma, ese porcentaje bajaría al 3% en 2030 y desaparecería por completo a fines de ese mismo año.
Desde la entidad aseguran que no se trata de una apertura competitiva sino de una "transferencia planificada del mercado" hacia "seis o siete grandes grupos económicos".
La cámara sostiene que el proyecto condena especialmente a las plantas instaladas fuera del núcleo industrial santafesino y advierte que podría provocar la desaparición total de la producción en provincias como La Pampa, San Luis, Entre Ríos y parte de Buenos Aires.
CEPREB también denunció que las reglas planteadas en el proyecto generan una competencia imposible para las pymes.
El principal costo del biodiesel es el aceite de soja, que representa cerca del 80% del valor de producción. Según remarcan, las pequeñas plantas deberán comprarle esa materia prima a los mismos grandes grupos económicos con los que luego tendrán que competir en el mercado final.
"Las integradas manejan el precio de su propio insumo. No hay paridad de armas", advierten.
A eso suman otro factor crítico: el nuevo esquema de precios quedaría atado a la paridad de importación, exponiendo a las empresas argentinas a competir con combustibles subsidiados provenientes de países como Brasil o Indonesia.
Riesgo
La entidad cuestionó además que el proyecto preserve beneficios para el bioetanol derivado de caña de azúcar bajo argumentos de "federalismo", mientras no contempla ninguna protección equivalente para el biodiesel producido en provincias del centro del país.
Según las estimaciones de CEPREB, si la ley se aprueba tal como está redactada, la actividad terminará concentrada casi exclusivamente en el cordón industrial del "Up River" santafesino, con la pérdida de unos 1.500 puestos de trabajo directos y otros 8.000 indirectos en el interior.
Frente a ese escenario, las pymes reclamaron mantener un cupo mínimo permanente del 7,5% para el sector, impedir que el co-procesamiento sea computado como parte de la cuota de mercado y establecer precios de referencia que contemplen los costos reales de producción nacional.
