Elevan a juicio la causa contra el intendente de Luiggi por omitir una sociedad en su declaración jurada
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EL DIARIO digital
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La sanción de la ley que declaró de "interés estratégico" al área hidrocarburífera "El Medanito" no solo destrabó el futuro operativo del principal yacimiento pampeano, sino que dejó expuestas algunas cuestiones. La diputada provincial Noelia Sosa (FreJuPa) quedó formalmente en absoluta soledad institucional dentro de la Cámara de Diputados en su persistente embestida contra el Poder Ejecutivo Provincial, al no cosechar apoyos —ni propios ni ajenos— para llevar las supuestas irregularidades del pliego original ante la Justicia Penal.
La legisladora de extracción vernista anunció que evalúa realizar una presentación judicial bajo la figura de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) por el dictado del decreto que aprobó el primer pliego, apuntando directamente contra la gestión del secretario de Energía y Minería, Matías Toso.
Sin embargo, el anuncio de Sosa representa su segundo intento por "embarrar la cancha" legislativa, luego de recibir un revés fulminante por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El organismo de control dictó la resolución 2468/2026 en la que resolvió archivar la denuncia de la diputada y declarar la cuestión "abstracta", argumentando que el pliego objetado jamás entró en vigencia real debido a que la licitación de febrero fue declarada desierta por falta de oferentes, al no ajustarse a las condiciones de competitividad de la industria.
Sin eco
A pesar de que Sosa se apoya en un peritaje técnico de la FIA que objetó la aptitud del Software Sahara para la medición fiscal de hidrocarburos, su cruzada penal no encontró acompañamiento en el plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Asuntos Agrarios —ámbitos donde se debatió el proyecto de transición—.
Dentro del bloque oficialista del FreJuPa, ningún legislador se mostró dispuesto a convalidar la estrategia de judicializar un acto administrativo de su propio gobierno. Los integrantes de las comisiones, entre los que se destacan Daniel Lovera (presidente de Hacienda), Liliana Robledo, León Nicanoff y María Luz Alonso, optaron por dar vuelta la página y concentrarse en la arquitectura legal de la nueva licitación.
Vía judicial
En la vereda opositora el escenario fue idéntico. Si bien los bloques de la UCR y del PRO mantuvieron severas críticas hacia la política energética de la administración de Sergio Ziliotto, en ningún momento validaron la existencia de delitos o irregularidades administrativas que merezcan el tratamiento de los tribunales penales.
Desde el PRO, la diputada María Laura Trapaglia descargó duras críticas contra el Ejecutivo, atribuyendo la urgencia actual a "10 años de inacción y de ausencia de control estatal en materia de remediación ambiental", desligando a la oposición del apuro oficial. No obstante, centró su labor en tejer redes con carteras energéticas de Mendoza y Chubut para perfeccionar el nuevo dictamen, obviando por completo el planteo de Sosa.
Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Hipólito "Poli" Altolaguirre, celebró el consenso alcanzado en el recinto para evitar el colapso técnico y económico del yacimiento. Altolaguirre defendió las modificaciones impuestas por su bancada, tales como el acortamiento de la operación transitoria de Pampetrol a ocho meses (frente a los 24 que pretendía el Gobierno), la prohibición de endeudamiento de la firma estatal, el piso de 25 millones de dólares para el bono de adjudicación coparticipable y la creación de un comité de fiscalización permanente.
Durante su detallada exposición de las reformas, el referente radical ponderó las nuevas pautas de transparencia financiera y ambiental, pero evitó taxativamente sumarse al discurso de sospechas penales que agita la legisladora oficialista.
Con las manos vacías en términos de respaldo político, Sosa afronta las próximas horas con el dilema de avanzar de forma solitaria con una denuncia penal de escaso oxígeno político, o sumarse al consenso generalizado de una Legislatura que eligió priorizar la continuidad productiva de El Medanito por encima de las internas partidarias.
