Loteo: el Ejecutivo hace silencio, cumple la ordenanza y no baja línea

El Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Rosa no solo sostiene un silencio público respecto del loteo del Santa Rosa Rugby Club. También mantiene una postura alejada de toda presión ante sus propios dirigentes.

Frente a la polémica iniciativa de la entidad, que trata el Concejo Deliberante y que se vuelve picante porque está sobre el acuífero Anguil-Santa Rosa, el intendente Luciano di Nápoli limitó su accionar al envío de la propuesta al cuerpo legislativo.

Así, el jefe comunal dio el paso al que está obligado por ordenanza. Desde ese momento, no pronunció palabra sobre la iniciativa y tampoco decidió bajar línea al bloque oficialista. La decisión ejecutiva es no forzar ninguna decisión, según dejan saber desde los despachos del gobierno local.

Voces y ruidos

En el proceso, en cambio, lo que hubo fue ruidos y voces ante la opinión pública: el radicalismo en el Concejo, actores del propio PJ en el gobierno provincial o en la Legislatura e incluso presuntos precandidatos a la Intendencia hicieron manifestaciones sobre el asunto.

La gestión de di Nápoli asevera que la firma del intendente en el proyecto no es una opinión sobre la propuesta, sino el único trámite que la norma le permite hacer si un expediente cumple con los requisitos formales básicos. De lo contrario, sería el cajoneo de una iniciativa.

El que tiene que definir es el Concejo Deliberante.

Decidido a oponerse, el concejal radical Diego Camargo hizo otra interpretación de la actitud del intendente: "acá ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza suscripto por el intendente municipal. Yo entiendo que el intendente está de acuerdo, porque si no, él no va a firmar un proyecto de ordenanza sobre el cual después se va a manifestar en contra", juzgó el edil.

"No es que elevó una nota de un particular. No, el intendente proyectó una ordenanza", insistió.

Cumplir las normas

En ese contexto, el municipio defiende lo actuado, insiste en que hace lo que las normativas establecen y alerta sobre algunas desinformaciones o malas interpretaciones de parte de actores públicos que se meten en el tema.

Una de las aclaraciones es que el proyecto que el Ejecutivo elevó al CD no pide ninguna "excepción" al Código, sino que justamente aplica el procedimiento que se prevé para estas zonas. 

Es uno de sus artículos, la Ordenanza 6976/2023 establece que la reclasificación de las áreas sobre el acuífero requieren mayoría especial de dos tercios del Concejo, además de la audiencia pública por ser una cuestión ambiental. Ese mecanismo quedó diseñado en 2023, por unanimidad. 

En todo caso, lo excepcional es ese procedimiento respecto de otros, justamente porque la presencia del acuífero vuelve más sensible lo que se pueda avanzar o no en ese sentido.

Será el Concejo, con la audiencia pública del 16 de junio como termómetro y con los aportes técnicos y profesionales que se escuchen, el que tenga que definir si el proyecto pone en riesgo el acuífero o no.