Estrellas Amarillas impulsa la agenda de seguridad vial en Diputados
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EL DIARIO digital
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La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) emitió un dictamen clave que sacude la estructura de las Fundación Wetrache. Tras meses de investigación, el organismo confirmó que la situación de la ahora funcionaria María Marta Viglino, vinculada a la fundación, que presentó su renuncia el pasado 30 de enero, resultó "incompatible" con los principios de transparencia institucional y ética pública que rigen el Estado provincial.
La resolución, notificada esta semana a la diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) —impulsora de la denuncia—, establece que Viglino se encontraba en una posición donde su cargo público colisionaba con su relación con la entidad receptora de fondos y convenios estatales.
Recomendaciones y límites
Lejos de ser un mero llamado de atención, la FIA dictó una serie de recomendaciones estrictas. Ordenó que la exfuncionaria involucrada se abstenga de intervenir en cualquier actuación administrativa vinculada a organizaciones que mantengan convenios con la Provincia. Además, el organismo de control instó al Ministerio de Desarrollo Social a implementar mecanismos preventivos para evitar que estos conflictos de intereses se repitan.
El dictamen también subraya la necesidad de fortalecer los controles internos y dotar de mayor claridad a la relación entre el Estado y las entidades privadas que gestionan recursos públicos, especialmente en áreas sensibles como las políticas de niñez y adolescencia.
"Fundamentos sólidos"
Tras conocerse el fallo, la diputada Cuadrado se mostró satisfecha con el respaldo institucional. "La resolución demuestra que la denuncia tenía fundamentos sólidos y confirma la importancia del control para proteger la transparencia en el manejo de recursos públicos", afirmó la legisladora.
Cuadrado aclaró que su planteo nunca buscó obstaculizar el trabajo de las organizaciones sociales, sino garantizar que el dinero de los pampeanos se maneje bajo reglas claras. Para respaldar su presentación, la diputada había aportado documentación del Tribunal de Cuentas y antecedentes administrativos que finalmente fueron convalidados por la Fiscalía.
"Vamos a seguir trabajando para garantizar que cada recurso destinado a políticas sociales llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, bajo criterios de legalidad y ética pública", concluyó la legisladora radical, marcando un precedente en la supervisión de los convenios entre el Ejecutivo y las fundaciones.
