Estrellas Amarillas impulsa la agenda de seguridad vial en Diputados
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EL DIARIO digital
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En lo que se perfila como el conflicto judicial y ambiental más relevante de la década, un amplio bloque de la sociedad civil presentó ante la Justicia Federal de Santa Rosa una acción de amparo contra el Estado Nacional. El objetivo es frenar la aplicación de la Ley 27.804, sancionada recientemente, que modifica sustancialmente la protección de glaciares y ambientes periglaciales que regía desde 2010.
La demanda no tiene precedentes por su magnitud social. Según el escrito judicial, la acción cuenta con el respaldo de más de 850.000 firmas de ciudadanos de las 24 jurisdicciones del país. Entre los demandantes figuran organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, FARN, Greenpeace, Amnistía Internacional y el CELS, junto a asambleas territoriales de San Juan, Mendoza, Chubut y La Pampa.
Los actores sostienen que la defensa de los glaciares se ha convertido en una "causa nacional" que desborda cualquier estamento social. "Lo que está en juego no es un interés sectorial sino el acceso al agua, la integridad de los territorios y la posibilidad misma de un futuro habitable", señala el documento.
La crónica judicial de esta reforma se inició con un proceso legislativo calificado de "inusitada celeridad" y "atolondrado". La demanda detalla cómo la nueva norma recorta la protección ambiental: primero, la ley ya no protege a "todos" los glaciares por su sola existencia. Ahora exige que se demuestre que actúan como "proveedores de agua para la recarga de cuencas", dejando áreas vulnerables a la discrecionalidad política.
Segundo, se denuncia el vaciamiento de facultades del IANIGLA. La nueva normativa permite que las provincias descataloguen glaciares basándose en estudios técnicos que podrían ser realizados por las propias empresas interesadas. Por último, donde antes la minería estaba estrictamente prohibida, la Ley 27.804 abre la puerta a la explotación si la autoridad local considera que la alteración no es "relevante".
La elección de la Justicia Federal de nuestra capital para radicar la demanda subraya que la provincia depende de los procesos hidrológicos de la cordillera. Cualquier alteración en las nacientes repercute directamente en la disponibilidad del recurso hídrico local.
El argumento jurídico central es la violación del principio de no regresión ambiental. Según la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, el Estado no puede retroceder en niveles de protección ya alcanzados. Mientras se analiza una medida cautelar para suspender la ley, las organizaciones advierten que no permitirán que se "intoxique el aire" ni se silencie la voz de un pueblo que ya se manifestó en audiencias públicas récord.
