Santa Rosa recibe este jueves la primera edición de OBRARQ
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La empresa está en una confusa situación. Mientras se decretó la quiebra en el año 2020, se le permitió a una nueva administración levantar la quiebra y poner en marcha la planta. Esto se decidió aun sin que los dueños que fueron a la quiebra pagaran las indemnizaciones de los trabnajadores.
El fallo de la Cámara
La jueza de Cámara, Carina Mariana Ganuza, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Horacio Díaz, representante de un nutrido grupo de ex trabajadores. .
La decisión revoca una sentencia de primera instancia del 6 de febrero de 2026 que había dejado sin efecto las multas diarias, bajo el argumento de que la empresa ya había depositado las certificaciones en el juzgado años atrás.
Sin embargo, la Cámara determinó que aquellos documentos presentados en 2019 fueron rechazados por los actores por resultar "parciales e insuficientes", ya que no se ajustaban a las regulaciones del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) ni acreditaban fehacientemente los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
Al no haberse cumplido la manda judicial firme que ordenaba la entrega de certificados ajustados a derecho, el tribunal consideró que corresponde mantener las sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la obligación.
Contraste entre la producción y el litigio
Este nuevo revés judicial ocurre en un momento de plena actividad para la planta, la cual hoy es operada por la firma Industrias Cárnicas San Miguel SA. La justicia le levantó la quiebra al frigorífico en noviembre de 2023, tras seis años de inactividad, permitiéndole retomar la faena y la comercialización de carne con el aval del SENASA y el municipio.
Aunque la reactivación ha sido calificada como "todo un logro" para la localidad por la generación de puestos de trabajo, la situación de los ex empleados despedidos en 2017 sigue siendo compleja.
Recientemente, los trabajadores también sufrieron un golpe jurídico cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó por "inadmisible" un recurso para cobrar la totalidad de sus indemnizaciones, dejando vigente el reclamo administrativo por las compensaciones pendientes.
El camino de los trabajadores
El conflicto, que se remonta a marzo de 2017 cuando la quiebra dejó a más de 120 familias en la calle, sigue centrando el debate en el cumplimiento de las obligaciones patronales básicas.
Con el restablecimiento de las astreintes, los 39 ex trabajadores que encabezan esta demanda buscan finalmente obtener la documentación previsional necesaria para regularizar su situación ante los organismos de seguridad social, un derecho que la justicia ha vuelto a ratificar frente a las demoras de la parte demandada.
En 2020, el titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería 1 de General Acha, Gerardo Bonino decretó la quiebra del Frigorífico General Acha SA a pedido de uno de los acreedores de la firma. En la resolución, el juez dispuso también la inhabilitación de los actuales integrantes del Directorio de la firma: Mirna Lorena Fernández; Norma Raquel Romero y Juan Cruz De La Iglesia; como de los anteriores integrantes, Oscar Enrique Suárez, Osvaldo Diego Alonso y Mario Héctor Alonso. Dispuso esa vez la prohibición de ausentarse del país sin autorización judicial previa a todos.
El pedido de quiebra había sido solicitado por la firma Gregorio Aberasturi Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por los abobados Román Molín y Marcelo Molín. Reclamaban una deuda de 887.909,70 pesos por la venta de animales destinados a faena. El Frigorífico se comprometió el año pasado a pagar esa suma en 12 cuotas, pero hasta la fecha "no ha cumplido con el compromiso de pago asumido".
Además de la deuda contraída con más de 50 acreedores, está un grupo importante de trabajadores que aún no cobró la indemnización. En el año 2017, el frigorífico cerró y despidió a 127 trabajadores.
