"No hay dos grupos, hay uno solo que ocupa el predio desde 1993"

La controversia judicial empezó tras una crisis institucional a fines de 2024, marcada por denuncias de irregularidades internas, el manejo de menores y presuntas agresiones verbales hacia el párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Esta situación provocó que el sector reconocido por la Iglesia Católica y Scouts de Argentina (Grupo N° 307) se mudara a un nuevo espacio, mientras que la organización liderada por María Pía Eliggi (referente del grupo 616) permaneció en el predio tras romper vínculos con la jerarquía eclesiástica.

Ante esta fragmentación, la Parroquia de Fátima, bajo la representación del sacerdote Gabriel Matías Godoy, inició en septiembre de 2025 un proceso de desalojo en el fuero civil. La Iglesia sostiene que el grupo actual carece de "patrocinio religioso" y de legitimidad en el convenio de uso de la tierra, habiéndolos intimado formalmente a la restitución del inmueble en junio de 2025.

El sector de Eliggi (que patrocina Aguerrido) niega categóricamente ser ocupante ilegítimo, afirmando que no existen dos grupos distintos, sino uno solo que ha mantenido una ocupación ininterrumpida desde 1993. Según su postura, la controversia numérica (307 vs. 616) responde únicamente a cambios de afiliación nacional: el grupo perteneció originalmente a la Unión Scouts Católicos Argentinos (USCA) como el 616, luego a Scouts de Argentina como el 307, y a fines de 2024 decidió retornar a su organización de origen, recuperando su número inicial.

La parte demandante sostuvo que la Provincia en la actualidad no expresó su postura en el expediente –en el que fue citado como tercero- favoreciendo el actual estado de cosas. Pero Aguerrido sostuvo que el patrocinante legal de la parroquia de Fátima no completó un paso legal, que es notificar al gobernador Sergio Ziliotto, un paso ineludible en un juicio que involucra al Restado.

"No hay ningún retraso por parte del Estado, sino que no se cumplió con esa notificación al Ejecutivo. La postura del Estado provincial está en el expediente pero aun no fue dada a conocer por la falta de esa notificación", detalló el abogado. 

Aunque el comodato por el que el Ministerio de Bienestar Social de entonces cede en comodato el predio finalizaba en el año 1995, tiene una cláusula de renovación automática en caso que por postura expresa, el Estado adopte otra decisión sobre el destino del predio.

El origen del conflicto: De la hermandad al desalojo

La base legal de la ocupación se remonta a más de tres décadas atrás. Mediante el Decreto N° 2204/93, el entonces gobernador Rubén Hugo Marín aprobó un contrato de comodato sobre el inmueble de la "ex granja piloto" de Santa Rosa.

Los puntos clave de este acuerdo original incluyen:

-Partes involucradas: El Ministerio de Asuntos Agrarios cedió el uso del predio al Ministerio de Bienestar Social y a la Parroquia de Fátima.

-Uso del suelo: El Ministerio de Bienestar Social destinaría su parte al programa "Huerta Lilén", mientras que la Parroquia ocuparía el resto para las actividades del Grupo Scout San Francisco de Asís.

-Vigencia y Prórroga: El contrato estipulaba una vigencia inicial hasta el 30 de noviembre de 1995. No obstante, incluía una cláusula fundamental: cumplido el plazo y a falta de declaración expresa en contrario, el mismo se prorrogaría automáticamente por igual plazo e idénticas condiciones.

El escenario judicial actual

Mientras el grupo ocupante destaca que actualmente 180 personas participan semanalmente de sus actividades, la justicia debe dirimir si la legitimidad del uso del suelo sigue ligada a la Parroquia (como titular del comodato según el decreto) o si el grupo scout posee un derecho propio por su permanencia histórica.

En el expediente, la Provincia de La Pampa ha sido citada como tercero interesado, dado que es la titular dominial del inmueble. Por su parte, la defensa del grupo ocupante pidió la citación del Ministerio de Bienestar Social, argumentando que el comodato es una responsabilidad compartida y que las actividades de los jóvenes siempre estuvieron vinculadas a programas estatales como la "Huerta Lilén".