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EL DIARIO digital
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En un contexto de creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo y la crisis en la salud prestacional, el personal retirado y la familia penitenciaria de La Pampa han alzado la voz. A través de una convocatoria que busca visibilizar la delicada situación que atraviesan los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), los autoconvocados denuncian un retraso salarial histórico y un servicio de obra social que opera al borde del colapso.
Carlos Borthiri, Prefecto Mayor retirado del SPF, expuso la realidad de un sector que, por ley, no cuenta con representación gremial. Según explicó, la situación ha llegado a un punto crítico donde los haberes de un agente inicial del Servicio Penitenciario Federal se encuentran hoy por debajo de los salarios básicos de comercio, operarios metalúrgicos e incluso de la Policía de La Pampa.
Uno de los puntos más urgentes del reclamo es el funcionamiento de la Dirección de Obra Social del SPF. Borthiri describió un escenario de incertidumbre total para los afiliados:
Cortes intermitentes: Los servicios médicos se interrumpen y reanudan constantemente debido a deudas con los colegios profesionales. "Uno no puede programar una cirugía porque no sabe si al momento de la operación el servicio estará habilitado", graficó el penitenciario en diálogo con LU 100.
En cuanto a farmacias y odontología, actualmente prestadores clave como Amusín y el Colegio Odontológico mantienen cortada la atención. El acceso a medicamentos depende de una red de información informal entre los propios afiliados a través de WhatsApp.
Ante la falta de cobertura, muchos retirados terminan recurriendo al sistema de salud pública provincial para recibir atención básica.
Salarios en caída libre
El referente de los autoconvocados comparó la situación actual con las crisis de los años 80: "Yo creo que estamos bastante parecido al inicio de la democracia o quizás más bajo". La pérdida frente a la inflación ha colocado a todas las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) en una misma línea de deterioro salarial.
"A veces una persona privada de la libertad tiene más derechos asegurados que quienes la cuidaron toda su vida", sentenció Borthiri.
En busca de "crear conciencia política" y presionar por una recomposición que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional, los retirados y las familias del SPF han organizado una asamblea para este jueves 23 de abril desde las 10.30 horas frente a la Unidad 13, sobre la calle Alvear, en Santa Rosa.
Allí se analizarán los próximos pasos del plan de lucha e invitar a otras fuerzas federales que atraviesan la misma problemática.
Borthiri aclaró que, si bien han mantenido reuniones con legisladores nacionales de distintos bloques para entregar notas y petitorios, la solución de fondo debe provenir de una decisión política del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Tratamos de ser positivos y esperamos que alguna vez salgamos a flote, pero se está haciendo larga la espera", concluyó.
