Analizan nuevas medidas ante otra ola de amenazas en colegios pampeanos

La ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, y el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, mantendrán este lunes un encuentro clave para coordinar la respuesta estatal ante la proliferación de amenazas y incidentes de violencia que vienen afectando a diversas instituciones educativas de la provincia.

Según pudo saber El Diario, de fuentes oficiales, la cumbre de autoridades de este lunes por la mañana busca unificar criterios de prevención y persecución penal frente a una problemática que ya no es aislada y que ha puesto en alerta a la comunidad educativa.

El mapa de conflictos, que inicialmente parecía concentrarse en los grandes centros urbanos del país, se ha extendido de manera alarmante. A los episodios recurrentes en Santa Rosa y General Pico, se sumaron nuevas situaciones de tensión y amenazas en 25 de Mayo, Rancul, General Acha y Jacinto Arauz. Esta dispersión geográfica obligó al Ejecutivo provincial a involucrar a las cúpulas policiales y a los equipos de apoyo escolar para intentar frenar una tendencia que genera zozobra en padres y docentes.

Desde el Ministerio de Seguridad se evalúa profundizar las investigaciones tecnológicas para identificar el origen de los mensajes y llamados intimidatorios, mientras que la cartera educativa busca evitar la suspensión de jornadas escolares, un efecto secundario que los protocolos actuales disparan ante cada amenaza. La intención de los ministros es establecer un plan de acción que brinde respuestas rápidas en el territorio y, al mismo tiempo, refuerce la presencia institucional en los establecimientos más vulnerables.

Aunque no se adelantaron las medidas específicas antes de la finalización del cónclave, trascendió que se trabaja en un esquema de "corredores seguros" y en el fortalecimiento del diálogo con los centros de estudiantes. El Gobierno pampeano busca dar una señal de firmeza ante lo que consideran una conducta que excede la "travesura" y que configura un delito que afecta el derecho a la educación y el orden público en toda la provincia.