Trabajador de Salud con ELA: El STJ definió que se mantenga la licencia 

Un trabajador de la salud de La Pampa con diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) inició una acción judicial contra el Estado provincial para que se le reconozca una licencia médica sin límite temporal, y logró que el Poder Judicial le garantice, al menos de forma provisoria, la continuidad de su salario.

Se trata del odontólogo Lucas Javier Cassou del sistema público que denunció que la Provincia rechazó su pedido de encuadre en un régimen excepcional previsto por ley, pese al carácter grave, progresivo e irreversible de su enfermedad .

El trabajador sostiene que su situación debería ser contemplada dentro de un régimen especial que permite extender las licencias por enfermedad más allá de los plazos habituales, en casos asimilables a patologías oncológicas.

Sin embargo, la administración provincial rechazó el pedido con el argumento de que esa norma no está reglamentada. Para el demandante, esa respuesta es arbitraria: plantea que el Estado no puede negarle un derecho por su propia falta de reglamentación.

En su presentación, advirtió que la decisión afecta derechos básicos como la salud, la vida y la dignidad, además de poner en riesgo su sustento económico y el de su familia .

Uno de los puntos más sensibles del caso es el impacto económico.

El trabajador explicó que, de agotarse su licencia actual, perdería el salario, lo que generaría una situación de difícil o imposible reparación, teniendo en cuenta su estado de salud y el carácter alimentario de sus ingresos .

Ese planteo fue clave para que la Justicia interviniera de manera urgente.

El Superior Tribunal de Justicia decidió tomar el caso y, mientras se analiza el fondo del reclamo, mantener una medida cautelar que le permite al trabajador continuar con su licencia y seguir percibiendo su sueldo.

De esta manera, el Tribunal buscó evitar que la situación del demandante se agrave mientras se desarrolla el proceso judicial.

Si bien el trabajador presentó un amparo para acelerar la resolución, el STJ entendió que el caso debe tramitarse por la vía contencioso-administrativa, que es la que corresponde cuando se discuten decisiones del Estado en el marco del empleo público.

Esto implica que el proceso será más amplio y con mayor instancia de prueba, aunque con la protección provisoria ya garantizada.