Prestadores de discapacidad alertaron por riesgo en la continuidad de servicios

Profesionales y responsables de centros que brindan atención a personas con discapacidad se manifestaron este martes en Santa Rosa para denunciar el recorte y la demora en el envío de fondos nacionales. Entregaron un petitorio a la Dirección de Discapacidad provincial y advirtieron que hay prestadores que no cobran desde noviembre, lo que pone en riesgo la continuidad de terapias, traslados y acompañamientos.

El reclamo fue encabezado por representantes de centros educativos terapéuticos y hogares de distintas localidades, quienes señalaron que la situación se agravó tras la interrupción de pagos del programa Incluir Salud, que depende del Gobierno nacional y brinda cobertura a personas con pensiones no contributivas.

"Estamos sin cobrar desde noviembre. Disolvieron la Andis y mientras tanto los prestadores y profesionales no sólo no cobraron lo ya trabajado sino que todo lo que hay por delante es incertidumbre. Y por supuesto esto pega de lleno a las personas con discapacidad y sus familias", expresó Daniela Viglianco, responsable del centro educativo terapéutico Crianza.

La referente participó junto a León Podestá, del hogar ADIS de Toay; Mirta Portales, del centro educativo terapéutico Solar; y Jorgelina Ordóñez, del centro de día El Andén, además de familiares y allegados. El grupo fue recibido por el director de Discapacidad provincial, Iván Poggio, a quien le entregaron un petitorio para que el Gobierno pampeano acompañe el reclamo ante la Casa Rosada.

Los prestadores explicaron que la deuda corresponde al programa Incluir Salud, que financia parte de las prestaciones que reciben personas con discapacidad. Según indicaron, la falta de pagos obliga a las instituciones a sostener la atención con recursos propios o con aportes de otras coberturas.

"Es cada vez más complicado seguir funcionando. Podemos abrir gracias al aporte de instituciones provinciales. Recibimos fondos del Sempre y de otras obras sociales, pero ya no recibimos lo que corresponde del Incluir Salud, que es de Nación", señaló Podestá.

Además, advirtieron que la situación se da pese a la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé medidas para garantizar la continuidad del sistema. "Los pagos siguen sin regularizarse y la situación impacta de lleno en la continuidad de terapias, traslados y acompañamientos. Es una situación crítica", coincidieron.

En la provincia funcionan al menos seis prestadores distribuidos entre Santa Rosa, General Pico, Toay e Intendente Alvear, entre centros educativos terapéuticos y centros de día, a los que se suman servicios de transporte y acompañamiento.

Reclamo nacional

En paralelo, el Foro Permanente Discapacidad se movilizó en Buenos Aires hasta el Ministerio de Economía para exigir la transferencia de fondos adeudados. El planteo incluyó el financiamiento del programa Incluir Salud, las pensiones no contributivas y las coberturas de prestaciones de discapacidad.

Desde el sector advirtieron que las demoras en los pagos y el desfinanciamiento del sistema implican un riesgo de colapso que afectaría a miles de personas con discapacidad y sus familias. "La falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales. Sostener el sistema es garantizar derechos", señalaron.