Altolaguirre y la reforma de la Ley de Glaciares: "Eliminar controles no es desarrollo"

El exintendente de Santa Rosa y especialista en Recursos Hídricos, Leandro Altolaguirre, sentó una postura firme frente a la reciente reforma de la Ley de Glaciares. En sintonía con la presentación colectiva impulsada por el Gobierno de La Pampa y diversas instituciones —como la Fuchad—, el dirigente radical advirtió sobre el "retroceso institucional" que implica ceder el control de estos recursos estratégicos exclusivamente a las provincias y el peligro que acecha a las nacientes de los ríos que abastecen a los pampeanos. Además, planteó que la convocatoria a apoyar la demanda debería haber incluido a todos los partidos políticos.

Para Altolaguirre, la modificación de la normativa nacional no es una discusión abstracta, sino un problema de supervivencia para La Pampa. "Dependemos de las aguas superficiales que se generan en la cordillera", subrayó, vinculando directamente la protección de los glaciares con la salud de las cuencas del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y el Río Colorado.

El riesgo minero

Uno de los puntos más críticos de la opinión de Altolaguirre radica en el impacto técnico de la minería en zonas de glaciares y ambiente periglacial. En diálogo con El Diario, explicó que la reforma pretende facilitar actividades económicas disminuyendo los "costos ambientales".

Y detalló que "la actividad genera socavones y pulveriza la montaña. Al quedar expuesta a las condiciones climáticas, la roca libera metales pesados. Esto provoca la acidificación del agua y modifica sus propiedades químicas, afectando a todas las localidades aguas abajo".

El exjefe comunal de Santa Rosa, que no pudo participar de la audiencia pública por la modificación de la ley y solo puedo enviar un escrito, el glaciar es un recurso compartido. "No es un recurso exclusivo de Mendoza o Neuquén", remarcó, insistiendo en que cualquier intervención debe ser consensuada en los Comités de Cuenca.

El magíster en Recursos Hídricos defendió el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), destacando que su inventario de glaciares es una herramienta científica de renombre internacional que no impide la minería, sino que la regula.

"La reforma lo que pretende es eliminar controles. No podemos olvidarnos del mediano y largo plazo; sin agua de calidad no podés garantizar calidad de vida", enfatizó Altolaguirre. Y resaltó que la Ley de Glaciares "es una norma de presupuestos mínimos con rango institucional sobre la cual no se puede retroceder según los tratados internacionales de derechos ambientales".

El llamado a una Política de Estado

Aunque Altolaguirre apoya la demanda contra la reforma, cuestionó la estrategia política del Gobierno Provincial al no haber convocado con más tiempo y amplitud a todas las fuerzas partidarias e intendentes. "Tendrían que haber invitado a todos los partidos políticos para darle la mayor fuerza institucional posible. La defensa de los ríos debe ser una política de Estado, como la salud o la educación", expresó.

El dirigente radical recordó que gran parte de los intendentes pampeanos dependen del Acueducto del Río Colorado y manifestó que "el gobierno debería invitar a adherir a todos, porque el agua no es bandera de alguien, es del conjunto".

Finalmente, Altolaguirre confirmó que, además de la acción provincial, existe una demanda colectiva de la sociedad civil impulsada por varias ONG a nivel nacional. El objetivo es frenar lo que considera un avasallamiento sobre recursos naturales que son "finitos e irreemplazables", especialmente en un contexto de crisis climática ya visible en la región.