Una familia debió evacuar su casa por una invasión de chinches
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - En los Tribunales de General Pico se desarrolló este viernes la audiencia de formalización contra tres mujeres, identificadas como Ponce, Maldonado y Mujica, en el marco de una causa que investiga una maniobra de estafa y extorsión por un monto superior a los 16 millones de pesos. La jueza de control Ana Laura Ruffini presidió la sesión, en la que el fiscal Matías Juan detalló la hipótesis de la acusación sobre el engaño que damnificó a un residente local.
Durante la audiencia, las imputadas Ponce y Maldonado estuvieron presentes en la sala, mientras que Mujica compareció vía remota desde la provincia de Mendoza, debido a su condición de persona adulta mayor y por razones de salud. Según el informe fiscal, existe además una cuarta persona identificada en el expediente que cuenta con una orden de captura vigente y permanece prófuga.
La maniobra investigada se habría basado en una serie de comunicaciones telefónicas y digitales mediante las cuales se contactó a la víctima bajo una identidad falsa. Los acusados habrían sostenido un relato en el que el damnificado aparecía presuntamente involucrado en un incidente de índole sexual con una persona menor de edad con discapacidad.
La presión psicológica se habría incrementado con el transcurso de los días al informar al hombre sobre el supuesto fallecimiento de la adolescente como consecuencia de dicho contacto.
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, para dar credibilidad a la extorsión se montó un escenario judicial inexistente. Los estafadores mencionaron la intervención de fiscales, integrantes de la Corte Suprema de Mendoza y defensores oficiales. Bajo este pretexto, indicaron al vecino que el pago de sumas de dinero era la única vía para evitar su detención, obtener un sobreseimiento y prevenir la difusión pública de la supuesta causa.
La investigación técnica determinó que el damnificado realizó múltiples transferencias bancarias que superaron los 16 millones de pesos. Estos fondos habrían sido solicitados bajo el concepto de gastos de sepelio, costas judiciales y reparaciones económicas. La fiscalía sostiene que las cuentas receptoras del dinero pertenecen a las personas imputadas, quienes habrían facilitado sus datos bancarios con conocimiento previo del origen de los fondos.
Tras analizar los elementos presentados, la jueza Ana Laura Ruffini resolvió dictar la prisión preventiva por el término de treinta días para Ponce y Maldonado. El objetivo de esta medida es permitir que la Brigada de Investigaciones avance con el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados durante los operativos, lo que permitirá establecer el grado de vinculación directa de cada una de las partes con el hecho.
Para el caso de Mujica, la magistrada dispuso el cumplimiento de prisión domiciliaria por el mismo período, la cual será efectiva en su residencia en la provincia de Mendoza. La resolución judicial aclara que estas medidas podrán ser revisadas en función del avance de las pericias tecnológicas y los resultados que arrojen los dispositivos electrónicos.
La causa continúa abierta con el fin de establecer posibles conexiones adicionales y proceder con la detención de la persona que se encuentra fuera del alcance de la justicia.
