Rechazan queja de un padre contra la actualización de una deuda alimentaria
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La Justicia Federal de Tucumán amplió el procesamiento contra la influencer Valentina Olguín, acusada de utilizar de manera ilegal el CUIT de distintos gobernadores del país —entre ellos el de La Pampa, Sergio Ziliotto— para realizar compras de indumentaria en el exterior mediante el régimen de importación por courier.
La decisión fue tomada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, quien resolvió ampliar el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación. Según la resolución, la imputada habría concretado al menos 15 maniobras mediante las cuales simuló operaciones ante el servicio aduanero utilizando los datos personales de distintos mandatarios provinciales.
Además del CUIT del gobernador pampeano Sergio Raúl Ziliotto, en la investigación aparecen los nombres de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
La joven ya había sido procesada en mayo de 2025, aunque en ese momento la imputación se limitaba al uso del CUIT de Jaldo. Con el avance de la investigación se detectó que las maniobras incluían a otros gobernadores.
El fiscal federal Agustín Chit sostuvo que la influencer "simuló operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación por courier". De acuerdo con la acusación, utilizó los datos fiscales de los mandatarios para recibir en su domicilio particular envíos de indumentaria de una marca estadounidense.
La investigación incorporó distintos elementos de prueba, entre ellos análisis de comunicaciones, peritajes sobre dispositivos electrónicos y la verificación de impactos de antenas telefónicas que coincidían con la recepción de los paquetes en su vivienda.
A través del seguimiento de envíos gestionados por la empresa FedEx, el Ministerio Público Fiscal estableció que diferentes compras internacionales eran enviadas al domicilio de la acusada en el barrio porteño de Núñez.
En la resolución, el juez también dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la imputada hasta alcanzar los 15 millones de pesos, al considerar la reiteración y la gravedad de las maniobras investigadas.
El delito de contrabando por simulación está previsto en la legislación penal aduanera y contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.
Durante el proceso, la defensa argumentó que los datos utilizados habrían surgido de una supuesta "búsqueda al azar" en internet. Sin embargo, el juzgado rechazó esa explicación al considerar que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas descartan la alegada falta de conocimiento sobre la ilicitud de las maniobras.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior. Con el avance de la investigación se detectó que el mismo mecanismo se habría aplicado con los datos fiscales de otros mandatarios provinciales.
