Inauguraron mejoras en la Reserva Provincial Salitral Encantado
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EL DIARIO digital
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El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa decidió adherir a una presentación judicial colectiva impulsada por entidades profesionales de todo el país que busca suspender la aplicación de algunos artículos de la nueva Ley de Modernización Laboral Nº 27.802. La acción fue presentada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal y reclama el dictado de una medida cautelar para frenar parcialmente la reforma aprobada por el Congreso.
La iniciativa reúne a 29 colegios de abogados de distintas provincias, entre ellos el de La Pampa, que cuestionan cambios introducidos en la Ley de Contrato de Trabajo vinculados al régimen de honorarios profesionales y al sistema de costas en los juicios laborales.
Desde el Colegio pampeano explicaron que la preocupación central radica en que la normativa habilita mecanismos que podrían permitir el pago en cuotas o la reducción de honorarios, lo que —advirtieron— afecta su carácter alimentario y repercute directamente en el ejercicio de la abogacía.
La demanda judicial fue patrocinada por el abogado Alberto Spota y solicita específicamente la suspensión de los artículos 20 y 277 de la legislación reformada, al considerar que esas disposiciones vulneran garantías constitucionales como el derecho de propiedad, la defensa en juicio y principios establecidos en la Constitución Nacional.
En el planteo presentado ante la Justicia federal, los colegios sostuvieron además que algunos aspectos de la reforma invaden competencias propias de las provincias, particularmente en materia de regulación de las costas judiciales, una facultad tradicionalmente vinculada a las jurisdicciones locales.
Las entidades también advirtieron que las modificaciones introducidas por la ley podrían generar un efecto disuasivo en el ejercicio profesional, al afectar las condiciones económicas en las que se desarrollan los litigios laborales.
La acción judicial busca que los artículos cuestionados queden suspendidos hasta que exista una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad, en un contexto en el que la reforma laboral aprobada por el Gobierno nacional ya enfrenta diversos cuestionamientos judiciales en distintos puntos del país.
