La Pampa

El Consejo Superior banca la ley de Financiamiento y exige paritarias

Una declaración formal del órgano de gobierno de la UNLPam describe la preocupación por la situación actual de las universidades.

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EL DIARIO digital

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Durante la primera sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, el organismo exigió -mediante una Declaración- el cumplimiento inmediato, integral y sin dilaciones de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, en todos sus términos, garantizando la actualización de los salarios de docentes y nodocentes, de los gastos de funcionamiento y de los montos destinados a becas estudiantiles, y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico.

La Declaración, en sus distintos artículos, manifiesta el acompañamiento y respaldo del reclamo de convocatoria urgente a paritarias salariales formulado por el Consejo Interuniversitario Nacional, las federaciones docentes y nodocentes, como ámbito legítimo de negociación colectiva, ante la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la grave situación que atraviesan las y los trabajadores del sistema universitario público nacional.

También manifiesta su enérgico rechazo a cualquier iniciativa que implique la suspensión, derogación o modificación de la actual Ley de Financiamiento Universitario, que elimine la recuperación de los salarios perdidos durante 2024-2025, las pautas de actualización de los gastos de funcionamiento, del sistema científico tecnológico y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles.

Respecto del presupuesto de este año, expresa su profunda preocupación por el ajuste aplicado al Presupuesto 2026 y por el deterioro de las condiciones materiales indispensables para el normal desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión, las cuales resultan estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación.

Finalmente, ratifica el compromiso indeclinable de la Universidad Nacional de La Pampa con la defensa irrestricta de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y con la plena vigencia de los derechos laborales de las y los trabajadores universitarios, y la defensa contra toda acción dilatoria que profundice la asfixia presupuestaria de las Universidades Nacionales.

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