La Municipalidad labró 115 actas a Clarín y ya retiró 40 postes

El director general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Maximiliano Cheli, confirmó que el municipio labró hasta el momento 115 actas a la empresa Clarín por postes instalados de manera irregular, de los cuales ya fueron retirados unos 40.

En una entrevista con CPEtv, el funcionario cuestionó los planteos de la empresa y sostuvo que "el argumento es un poco flaco".

—En este momento, ¿en qué instancia se encuentra el trámite administrativo? -le consultaron.

—En este momento se está tramitando la parte administrativa del recurso, ya se rechazó un recurso de reconsideración que la empresa interpuso, interpuso también un recurso jerárquico, el recurso de reconsideración ya fue decidido por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, lo rechazó con fundamentos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y ahora estamos en el plazo para que la empresa amplíe los fundamentos del recurso jerárquico, que eso vence la semana que viene y posteriormente tendrá que decidir el Intendente si aceluar o no a esos argumentos y últimamente, de acuerdo a lo que suceda, queda habilitada la vida judicial para la empresa en caso de que así lo consideren.

—Ese recurso de reconsideración, ¿de qué constaba?, ¿qué pruebas aportaba la empresa para decir o para instalar los postes?

—Ellos tienen tres o cuatro argumentos centrales, los argumentos giran todos en torno a que la justicia federal o las telecomunicaciones son materia federal y que el municipio no puede regular ese tipo de cuestiones, ni siquiera los emplazamientos de postes o de antenas o de otras circunstancias dentro de lo que es el ejido urbano de la municipalidad. Entonces todo el recurso que ellos interpusieron gira en torno a eso, a la incompetencia de la municipalidad, a que hay una deficiencia, digamos, en la aplicación de la ordenanza municipal, que esa ordenanza municipal sería inconstitucional porque estaría vasallando cuestiones federales de las telecomunicaciones, que se le impide a la empresa prestar el servicio o que potencialmente se le impidiría prestar el servicio y que eso afectaría a muchos usuarios y que esas telecomunicaciones son federales. Bueno, gira en torno a esa cuestión y que la Secretaría de Obras, en definitiva, Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, es incompetente para eso, básicamente.

—Si fuera incompetente según lo que dice la empresa, ¿para qué presentarían los proyectos ante el municipio?

—Entendemos que el argumento es un poco flaco desde ese punto de vista porque, por un lado, se presentan los permisos, piden las autorizaciones, presentan un proyecto para hacer un cableado o una instalación de postes y, por el otro lado, nos dicen que eso en realidad lo hacen a modo de cooperación porque ellos ya tienen la autorización del Estado Nacional.

—Desde el municipio se está llevando adelante el decomiso o la extracción de estos postes. ¿Aproximadamente cuántos se han levantado hasta el momento?

—Alrededor de 115 actas hemos labrado ya de postes que hemos encontrado irregulares y se levantaron ya, a esta altura, unos 40 postes.

—Por lo pronto,  ¿el municipio piensa en ir a la justicia?

—No, no, nosotros estamos en la parte administrativa. Después, cuando ellos sigan recurriendo, tendremos que responder las demandas que nos hagan, si es que realmente realizan una demanda o depende la actitud que toman ellos.

—¿Hasta el momento se han pagado las multas que se han impuesto?

—No, la multa es una sola que se impuso en el acto administrativo que ellos recurrieron. Esa multa está condicionada a que el acto administrativo quede firme, es decir, que ya no pueda ser recurrido ni estancia administrativa ni estancia judicial. Una vez que esto quede dirimido en la cuestión de fondo, bueno, se le cobrará la multa. Si es que no la pagan, se le puede ejecutar.

—La Comisión en Defensa de la CPE están pidiendo la intervención de la justicia en este caso. ¿Crees que sería una instancia en la cual la justicia debería intervenir?

—Obviamente, la Comisión, la CPE y cualquier otra tercera persona puede recurrir a la justicia y, en definitiva, será la justicia la que determine si tienen legitimidad para hacerlo o no tienen legitimidad. Hay distintos tipos de acciones o procesos que se pueden iniciar. Después habrá que ver si tienen factibilidad o no.

—¿La justicia provincial podría intervenir de oficio?

—De oficio yo creo que en esta instancia que estamos no, pero bueno, habría que ver si alguien lo plantea, habrá que ver qué es lo que toma la justicia y si en la parte administrativa, cuando esto finalice, si la justicia administrativa de la provincia es la competente, dentro del ámbito que estamos discutiendo estas circunstancias.