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EL DIARIO digital
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Con la publicación del Decreto N° 1911/2025, el Gobierno de La Pampa dispuso la extinción del Fideicomiso de Administración de Cartera Judicial y Morosa, el instrumento creado para administrar los créditos incobrables heredados por el Banco de La Pampa tras la crisis financiera de la década de 1990. La decisión marca el cierre administrativo, contable e institucional de uno de los capítulos más complejos y sensibles de la historia económica provincial, un proceso que se extendió durante más de dos décadas y que atravesó distintos gobiernos, contextos políticos y modelos económicos.
La denominada "cartera sucia" del Banco de La Pampa no fue el resultado de un hecho aislado ni de un colapso repentino. Se trató de una acumulación progresiva de créditos de difícil o nulo cobro que se gestó a lo largo de los años '80 y '90, cuando el banco público cumplía un rol central como herramienta de financiamiento del desarrollo productivo pampeano. En ese marco, se otorgaron préstamos a empresas, productores y grupos económicos locales en un contexto que luego se volvería cada vez más adverso.
La combinación de criterios crediticios laxos, controles de riesgo insuficientes, decisiones atravesadas por la política y, sobre todo, el impacto del modelo económico nacional, terminó deteriorando seriamente la cartera del banco. Las políticas neoliberales de los años '90 —la convertibilidad, la apertura irrestricta de importaciones, las altas tasas de interés y el retiro del Estado nacional de sectores estratégicos— golpearon con fuerza a las economías regionales. En La Pampa, numerosas empresas, cooperativas y frigoríficos vieron reducirse sus márgenes de rentabilidad, perdieron mercados y, en muchos casos, terminaron cerrando o entrando en concursos preventivos.
En ese escenario, una parte significativa de los créditos otorgados por el Banco de La Pampa comenzó a transformarse en deuda incobrable. Hacia fines de la década, la situación se volvió crítica: el banco estaba técnicamente quebrado, con un volumen de préstamos irrecuperables que ponía en riesgo su continuidad. La Provincia se enfrentó entonces a una decisión estratégica: privatizar el banco, como ocurrió en otras jurisdicciones, o sostenerlo como banco público asumiendo el costo de la crisis.
La decisión fue política y marcó un rumbo. El Estado provincial resolvió no privatizar el Banco de La Pampa y avanzar en su saneamiento. Para ello, separó del balance del banco los créditos problemáticos y creó un instrumento específico para administrarlos. Así nació el Fideicomiso de Administración de Cartera Judicial y Morosa, cuyo expediente de origen data del año 2000, un dato que grafica la dimensión temporal de un problema que ahora llega a su fin.
A través de ese fideicomiso, la Provincia absorbió los créditos incobrables y pasó a ser titular de esas acreencias, mientras el banco quedaba saneado y podía continuar operando. Durante más de veinte años, el fideicomiso administró juicios, ejecutó garantías, negoció acuerdos de pago y logró recuperar una parte de los fondos. Sin embargo, una porción significativa de la deuda resultó estructuralmente incobrable, ya sea porque las empresas deudoras habían quebrado, porque los bienes no alcanzaban para cubrir los pasivos o porque los procesos judiciales se extendieron durante años sin resultados concretos.
Con el paso del tiempo, el margen de recuperación se fue agotando. Los créditos que permanecían en el fideicomiso eran, en su mayoría, de muy baja probabilidad de cobro, mientras que el costo administrativo de sostener la estructura seguía creciendo. En ese contexto, el Gobierno provincial resolvió avanzar con la extinción del fideicomiso, amparado en el artículo 24 de la Ley N° 3575 y en el entramado normativo previo que incluyó las leyes 1902, 1922, 1960 y 3223, sancionadas a lo largo de los años para sostener el proceso de saneamiento.
El Decreto 1911/2025 establece que los bienes remanentes del fideicomiso serán transferidos a la Provincia de La Pampa en su carácter de fiduciante, que el Ministerio de Hacienda y Finanzas realizará las registraciones contables correspondientes y que, junto con el Ministerio de la Producción, llevará adelante la liquidación. La Escribanía General de Gobierno intervendrá en los actos notariales necesarios. Desde el Ejecutivo se aclara que no se trata de una condonación general de deudas, sino de un cambio en el esquema de administración, con el Estado asumiendo directamente los activos que aún subsisten.
Montos y beneficiarios en secreto
Uno de los aspectos que vuelve a quedar en el centro del debate es el monto real de la deuda que absorbió la Provincia para salvar al Banco de La Pampa por decisión del entonces gobernador Rubén Marín y su ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco. A más de veinte años del inicio del proceso, ese número nunca fue publicado de manera consolidada en un solo documento oficial, y sigue siendo motivo de discusión en ámbitos políticos y periodísticos.
El rescate del banco no se hizo en una única operación, sino a través de varios tramos de aportes, capitalizaciones, transferencias de créditos incobrables y asunción de pasivos, realizados en distintos momentos y bajo diferentes mecanismos financieros. A fines de los años '90 y comienzos de los 2000, en debates legislativos y en publicaciones periodísticas de la época se hablaba de una cartera irregular que oscilaba entre los 60 y 80 millones de dólares, valores correspondientes al final de la convertibilidad. Sin embargo, ese monto nunca fue oficializado como cifra definitiva, ya que se llegó a mencionar que el rescate fue por unos 120 millones de dólares.
La crisis de 2001, la pesificación de la economía y las revaluaciones posteriores de activos y pasivos terminaron complejizando aún más cualquier intento de fijar un número único. Parte de esa deuda fue recuperada a lo largo de los años a través del fideicomiso, mientras que otra parte se perdió de manera definitiva y fue absorbida por el Estado provincial como costo histórico del saneamiento. La falta de una cifra consolidada respondió tanto a la complejidad técnica del proceso como a una decisión política de priorizar la continuidad del banco y evitar reabrir permanentemente un conflicto que involucraba responsabilidades cruzadas y nombres propios.
En ese marco, la extinción del fideicomiso también funciona como una confirmación implícita de que el Estado considera agotado el proceso de recuperación. Lo que no se recuperó en más de dos décadas queda asumido como parte del costo de una crisis que tuvo su origen en el modelo económico de los '90 y en una forma de gestionar el crédito público que luego fue revisada.
Otro punto sensible del decreto es la decisión de clasificar como confidencial el balance final del fideicomiso al 31 de julio de 2025 y sus apéndices. Desde el Gobierno se explica como una medida técnica vinculada a la protección de datos personales y a la existencia de causas judiciales aún en trámite. En clave política, la confidencialidad también evita reavivar un debate que, en su momento, expuso tensiones profundas y cuestionamientos sobre quiénes fueron los principales beneficiarios del crédito blando y quiénes terminaron pagando la cuenta.
Si bien nunca se difundió un listado oficial ni una cifra consolidada, estimaciones de la época indicaban que la cartera incobrable estaba concentrada en un núcleo de entre 30 y 50 empresas, productores agropecuarios y Pymes; mientras que el universo total de clientes incluidos en la cartera judicial y morosa oscilaba entre 2.000 y 3.000 deudores.
En publicaciones y debates de la época también se mencionó que parte de los beneficiarios de esos créditos mantenían vínculos políticos o institucionales, aunque nunca se difundieron listados oficiales ni se avanzó judicialmente en responsabilidades individuales. La falta de transparencia consolidó una sospecha que atravesó el debate público pampeano durante años
Con el cierre del fideicomiso, el Gobierno provincial sostiene que La Pampa logró atravesar uno de los episodios más delicados de su historia financiera sin renunciar a su banco público. El Banco de La Pampa funciona hoy bajo criterios prudenciales, con controles modernos y balances saneados, muy lejos del escenario que dio origen a la llamada "cartera sucia".
El decreto no borra la historia ni las responsabilidades, pero sí marca el punto final administrativo de un proceso largo y costoso que se extendió durante más de veinte años. La "cartera sucia" seguirá siendo un antecedente inevitable cada vez que se discuta el rol del Estado, la banca pública y la relación entre política y economía. Con la decisión publicada esta semana, la Provincia optó por cerrar definitivamente ese capítulo y dejar atrás una herencia financiera que comenzó a gestarse en los años '90 y que recién ahora encuentra su cierre formal.
