Bomberos de Acha: la comisión anterior asegura que dejó más de $25 millones
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EL DIARIO digital
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El gobernador Sergio Ziliotto finalmente no se reunirá esta tarde en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para hablar de la reforma laboral. El encuentro originalmente se iba a dar el martes pero fue reprogramado para este viernes, pero fue nuevamente postergado.
La reunión se iba a llevar a cabo desde las 14:00 horas, pero poco después de las 8 horas de este viernes, pero Santilli pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días.
El encuentro forma parte del diálogo que Nación abrió con los gobernadores por la reforma laboral, aunque el mandatario pampeano llevará su propia agenda de reclamos.
La gestión de Javier Milei activó en las primeras semanas del año una ronda de reuniones con gobernadores para intentar reunir los apoyos necesarios que le permitan avanzar con la iniciativa, uno de los proyectos estructurales de la administración libertaria.
La reunión se dará además en un contexto político y económico sensible, marcado por las negociaciones abiertas tras la sanción del Presupuesto 2026 y por las tensiones que genera la letra chica de la reforma laboral, especialmente en las provincias.
El encuentro es considerado una parada clave en la estrategia de Milei para avanzar con la reforma. Sin embargo, para La Pampa, el eje no es solo normativo, sino estrictamente fiscal.
Ziliotto viajará con una postura firme: frenar el artículo 191 del proyecto oficial, que reduce el impuesto a las Ganancias para las grandes empresas y, por ende, recorta la coparticipación que llega a las provincias.
Los cálculos del Gobierno provincial son alarmantes: si la reforma se aprueba tal como está, La Pampa dejaría de percibir 32.852 millones de pesos anuales. "Trae encubierta una reforma impositiva que impacta en los recursos del Estado", advirtió Ziliotto, señalando que el beneficio no llega a las pymes ni a los trabajadores, sino que se concentra en las compañías de mayor tamaño.
A nivel nacional, el recorte global para las provincias alcanzaría los 1,7 billones de pesos, un agujero financiero que pondría en jaque el pago de salarios y la continuidad de la obra pública en el interior del país.
En términos políticos, el planteo de los gobernadores es claro: el alivio tributario a las empresas se financiaría, en casi un 60%, con recursos que hoy integran los presupuestos provinciales.
El impacto, además, no sería homogéneo entre jurisdicciones.. Según el informe de IARAF, Buenos Aires asumiría el recorte mayor, con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).
En ese esquema de distribución de costos, La Pampa se ubica en el grupo de provincias medianas que verían recortados sus ingresos por coparticipación. La estimación señala que el distrito perdería alrededor de $20.401 millones cuando el esquema entre en plena vigencia.
Si bien el efecto fiscal se materializaría recién a partir de 2027 —cuando las empresas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2026—, en el gobierno provincial advierten que se trata de una merma estructural de recursos, en un contexto de caída de la actividad económica y mayores demandas sociales.
